a captura de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, cabecilla del cártel Santa Rosa de Lima ( CSRL) y de otras ocho personas pertenecientes a esa organización delictiva, es un paso fundamental en la lucha para contener la violencia que azota a Guanajuato, contra el robo de combustibles, actividad a la que ese grupo ha estado estrechamente ligado, y contra las actividades ilícitas en general.
En el contexto de las detenciones –realizadas la mañana de ayer en el municipio guanajuatense de Santa Cruz de Juventino Rosas por efectivos del Ejército Mexicano, con apoyo de la Fiscalía de Guanajuato, según informó el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo–, se logró además el rescate de una persona que se encontraba secuestrada.
La captura de su principal capo podría representar para el CSRL un golpe definitivo, si se considera que las acciones para erradicar el huachicoleo, iniciadas en diciembre de 2018, prácticamente lo privaron de su actividad delictiva más relevante; a ello debe agregarse que la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado casi un centenar de cuentas de individuos vinculados a esa banda y que en meses pasados se habían realizado ya detenciones de varios de sus operadores.
Sin embargo, sería temerario dar por hecho tal perspectiva o asumir que las acciones referidas se traducirán en una reducción inmediata y sustancial de los niveles de inseguridad y violencia.
Como lo enseña la experiencia de años anteriores, la captura o la muerte de un capo suele derivar en fracturas de la organización que comanda, o incluso en una atomización que, lejos de desembocar en una disminución de los índices delictivos, conlleva una agudización de las confrontaciones violentas entre bandas rivales y en una expansión del catálogo de actos ilícitos.
Por otra parte, aunque la detención de El Marro y de varios de sus subordinados más cercanos representa un innegable logro para el estado de derecho en las tradicionales zonas de operación del CSRL, debe considerarse también que puede traducirse en el fortalecimiento de su principal adversario, el cártel Jalisco Nueva Generación, y de otras organizaciones delictivas rivales. La propia estrategia de seguridad pública diseñada y enarbolada por el gobierno de la Cuarta Transformación señala el camino correcto para impedir que un hecho tan auspicioso como la detención de Yépez Ortiz desemboque en esos y otros escenarios indeseables.
Es imprescindible, para tal efecto, que se investigue la protección que autoridades de los tres niveles pudieron dar al cabecilla del CSRL, con el fin de consignar a los responsables y profundizar de esa forma la lucha contra la corrupción.
Asimismo, deben establecerse posibles complicidades entre la banda delictiva que ha asolado Guanajuato y organizaciones de cualquier índole: empresariales, sociales o incluso religiosas. Por último, es fundamental avanzar en la solución de la problemática social de la que se nutre la criminalidad: pobreza, marginación, desempleo, desintegración familiar, falta de espacios educativos y carencias de salud.
