uan Carlos I de Borbón, quien desde su abdicación al trono de España ostenta la categoría de rey emérito, comunicó en fechas recientes a su hijo, Felipe VI, su decisión de trasladarse fuera de España debido a los escándalos que están generando ciertos acontecimientos de mi vida privada, en alusión a las abultadas cuentas del ex monarca en varios paraísos fiscales y por las cuales lo investigan autoridades judiciales de Suiza y de la misma España.

Como se recordará, a mediados del año pasado la ciudadana alemana Corinna Larsen declaró ante la fiscalía suiza que había recibido de Juan Carlos, con quien mantenía un vínculo extramatrimonial, 65 millones de euros –más de mil 700 millones de pesos– como regalo y gratitud por la relación.

Al parecer, esa fortuna procedía de una comisión aun mayor –cercana a cien millones de euros– otorgada por la familia real saudita al ex jefe del Estado español por adjudicaciones de contratos en la construcción del tren de alta velocidad La Meca-Medina. En marzo del presente año las investigaciones se extendieron al posible delito de lavado de dinero, una vez que los fiscales helvéticos descubrieron una complicada madeja de compraventas inmobiliarias simuladas y de movimientos entre cuentas bancarias de diversos paraísos fiscales.

A raíz de esos escándalos, Juan Carlos sufrió una primera humillación en marzo pasado, cuando su hijo renunció a su herencia y le retiró una pensión de 200 mil euros anuales (más de 5 millones 781 mil pesos) procedentes del erario.

Es imposible saber si el padre del rey actual cometió acciones de esa índole antes de 2014, año de su abdicación, porque la Constitución de 1978 –que reimplantó la monarquía en España– otorga inmunidad penal absoluta al soberano en funciones.

Más allá de las tribulaciones personales de un monarca presuntamente corrupto y ciertamente inescrupuloso, el caso representa un golpe demoledor para la corona y para el orden institucional instaurado en España tras el fin de la dictadura del general fascista Francisco Franco, mentor de Juan Carlos.

Presentado como el único camino posible para alcanzar la democracia, ese orden no sólo tiene aspectos positivos: también se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos, en una extendida corrupción –empezando por la que afloró en la casa real–, en una lápida asfixiante para los nacionalismos y regionalismos y en un Estado tan belicista como los de las otras antiguas potencias coloniales europeas.

La situación en la que actualmente se encuentra el hombre que fungió de jefe de Estado durante cuatro décadas dice mucho de las deficiencias, incongruencias y miserias del régimen español en general. Cabe esperar que pronto la sociedad peninsular logre superar el estatuto heredado de la transición y, particularmente, hacer a un lado la obsoleta y fársica institución de la monarquía.