La mayoría de los estados de la República erogan mínimos recursos para atender la violencia contra las mujeres, incluso, las entidades con más incidencia de feminicidios destinan, en promedio, seis veces menos presupuesto para la igualdad de género que lo que se invierte a escala nacional, se advierte en un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

De acuerdo con la ley, la Alerta de Violencia de Género es un mecanismo que requiere de la articulación de esfuerzos de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, las entidades federativas destinan pocos recursos para este importante protocolo de emergencia que opera en zonas afectadas por los feminicidios, se resalta.

El análisis titulado El financiamiento de la Alerta de Violencia de Género: entre la austeridad federal y las omisiones locales, destaca que los gobiernos y los congresos locales tienen obligaciones políticas, presupuestales y administrativas para garantizar el acceso a una vida libre de violencia.

Sin embargo, la revisión detectó que sólo 12 entidades asignan los recursos financieros para la igualdad sustantiva como una prioridad, y menos de la mitad incorporan anexos transversales, como sucede en el ámbito federal desde 2008.

En el estudio del IBD se hace notar que, sin dejar de lado el papel que le toca desempeñar al gobierno federal, es evidente que se deben revisar las responsabilidades del Poder Ejecutivo de cada estado, especialmente si se considera que la mayoría de los delitos que se cometen contra las mujeres –como el feminicidio y violencias sexual y familiar– son del fuero común.

Se advierte, asimismo, la urgencia de legislar y reformar los instrumentos que definen las funciones y acciones específicas, ya que la coyuntura actual demanda que los tres niveles de gobierno asuman y cumplan con las obligaciones establecidas en la ley.

De ello dependerá ni más ni menos que la seguridad y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres durante y después de la pandemia.