a inocencia a la que se aferra Emilio R. Lozoya Austin es algo menos que insostenible. Inocencia en la que está involucrada la familia más cercana del millonario ex director de Pemex y en la que 120 millones de dólares destinados a sobornos no avalan. La suma de incontables negocios de dinero obtenido sin transparencia lo sitúa muy lejos de la inocencia.
Empezando por los requisitos para iniciar trabajos de refinación en Tula, éstos no se cumplieron de acuerdo con las exigencias de la licitación pública. ¿Cómo logró adjudicar directamente esa obra de más de mil millones de pesos? ¿por qué no actuó con legalidad y transparencia? Simplemente porque sabía que no cumplía con los requisitos de licitación pública en el caso de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, también sabía de la ilegalidad de la adjudicación directa, sobre todo de una obra de tal tamaño.
El exceso en el pago al constructor Odebrecht fue alertado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No cabía duda, el entonces director de Pemex autorizó un pago fuera de lo legal. Un negocio-contrato con valor de 787 millones de pesos no puede verse como un acto cometido por inocencia.
El pago para la refinería de Tula, Hidalgo, cubriría el acondicionamiento del predio, conformación de plataformas para aprovechar los residuales, aprovisionamiento de agua para rellenos y algo más. El costo superó el 60 por ciento de su precio real.
Desde su poder de decisión, era consciente de que, con una sóla orden, Lozoya podía traspasar de lo legal a lo ilegal sin ser cuestionado. Comerciar con otros países no es ilegal, pero burlando las leyes para crear infraestructura bajo condiciones desfavorables para la nación es cuestionable. No se concibe que haya beneficio para el país que contrata, si el precio es oneroso y la ganancia para la empresa contratada es abusiva. Aceptar este desequilibrio de valores monetarios es corrupción en cualquier país, incluyendo Brasil.
Luis Alberto de Meneses Weyll, ex representante de Odebrecht en México, señaló directamente al entonces presidente de Pemex como el funcionario que recibió cantidades significativas para recibir el beneficio de construir en el país sin licitación pública legal de por medio.
En la ciudad de Nueva York, ante la corte correspondiente, Meneses señaló que el funcionario mexicano al que se refirió era, efectivamente, integrante del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nadie es inocente cuando se sabe violador de la confidencialidad de su cargo e irrespetuoso del código ético como funcionario público.
Mientras en Brasil, desde 2015, se actuó en contra de Marcelo Odebrecht, acá, en México se empieza a actuar cinco años después, no obstante, de existir denuncias previas años atrás. No es coincidencia, los sobornos de este empresario sirvieron para financiar ilícitos como, por ejemplo, una campaña política. Odebrecht salió de la cárcel después de colaborar con la justicia brasileña por informar sobre los sobornos. A esta negociación con las autoridades judiciales de aquel país se le llama delación premiada
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El empresario brasileño estuvo en prisión dos años y medio y después lo enviaron a casa con un detector de ubicación. Estuvo en una celda de cuatro por cuatro metros y ahora goza
de su arresto en su lujosa mansión de 300 metros cuadrados. En casa pasará alrededor de 15 años que le quedaban de condena. De esos años, los últimos sólo deberá confinarse en su mansión durante los fines de semana.
Es posible que el preso de aquí aspire a una condena similar a la de Odebrecht. Vamos a ver si los beneficios que recibirá Lozoya estarán a la medida del daño que ha causado, tanto al pueblo de México como a Pemex, la empresa más productiva que ha tenido el país en sus diferentes etapas.
En Brasil “… los jueces y fiscales de la llamada operación Lava Jato, la gigantesca trama de corrupción descubierta a partir de los contratos de la petrolera pública Petrobras, los defienden como el único medio de llevar sus investigaciones hasta el final. Pero no faltan detractores que alegan que los beneficios son desproporcionados”.
No sabemos si la devolución de todo lo robado, que suman miles de millones de pesos, sirva de paliativo a los efectos de la caída económica anual de 18.9 por ciento que refiere el Inegi, una de las peores en la historia del país.
Además de la llegada de la pandemia, causante de la semi paralización de las actividades comerciales, el desajuste financiero provocado por la corrupción de funcionarios de sexenios neoliberales provocaron este segundo trimestre una semiparalización del proceso de reconstrucción económica del gobierno actual. Los proyectos sociales no se han detenido, tampoco las acciones de recuperación de la industria energética.
Además, no podemos afirmar que no nos afecta la caída de 32.9 por ciento del PIB en Estados Unidos, una de las peores registardas desde la Segunda Guerra Mundial.
