sta semana hemos visto una muestra de voluntad política en favor de la democracia. Vale la pena algún comentario: el Senado aprobó modificar las leyes secundarias para adaptarlas a la gran reforma del artículo 19 de la Constitución. Una iniciativa del actual gobierno. Hace varios meses el artículo 19 fue reformado para imponer a los juzgadores el decretar la prisión preventiva contra aquellos a los que se hubiera vinculado a un proceso en un delito específico: la utilización de los programas sociales para inducir el voto. Se trata de una norma dura y radical que pone una verdadera espada sobre la cabeza de los que tienen capacidad para manipular los programas sociales y determinar así el resultado de las elecciones.

Ha sido una práctica de los gobiernos y de sus subordinados el amenazar a la gente o inducirla a votar utilizando los programas sociales.

Es un gran avance el que esta norma pueda establecerse en el sistema jurídico. Los que cometan el delito, en procesos electorales federales y locales, y quizás en elecciones de los partidos, saben que si se les vincula a proceso el juez tendrá que ordenar su prisión preventiva, es decir, que durante todo el juicio, dure lo que dure, ellos quedarán en la cárcel y tendrán que esperar ahí la resolución definitiva.

Las leyes electorales, reformadas la última vez en 2014, parecen ser capaces de normar el ya próximo proceso de 2021 en el que se elegirán a 500 diputados federales, a 15 gobernadores y donde habrán diversos comicios en 30 estados: 21 mil posiciones estarán en juego. Este proceso pondrá a prueba la capacidad de administración del INE y, además, a otras instituciones. Los OPLES, que son organismos estatales, el gran aparato judicial y, por supuesto, a los fiscales locales y al fiscal electoral federal. Es esta la más grande elección en la historia de México y su volumen y complejidad se deben a la voluntad de homologar en forma progresiva las elecciones estatales a los procesos federales. La prueba abarcará a la ciudadanía: aquellos que van a coadyuvar en la organización electoral y a aquellos que van a votar de los 96 millones que estarán en el padrón. Un evento monumental en el que todos participaremos, inclusive aquellos que decidan no participar.