El pasado lunes, diversas organizaciones de derechos humanos –integradas en el colectivo Espacio OSC– se reunieron con la presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, a quien le advirtieron que en México la situación de riesgo que enfrentan los periodistas y los activistas civiles se ha agravado a raíz de las medidas de atención a la pandemia implementadas por el gobierno del país.

En un comunicado, las organizaciones participantes en el encuentro –entre ellas la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional– señalaron que algunos de los grupos más vulnerables en el país en este momento, derivado de las estrategias de los tres niveles de gobierno contra el Covid-19, son las mujeres y la población LGBTI.

De igual forma, las personas defensoras de la tierra y el territorio, los migrantes, los familiares de personas desaparecidas y los periodistas también forman parte de los colectivos más susceptibles a que sus derechos básicos sean violados.

Los grupos firmantes señalaron que desde el inicio de la contingencia, al menos dos periodistas y ocho defensores de derechos humanos han sido asesinados –cuatro de las cuales eran mujeres– y tres más han sido blanco de criminalización por su labor. Al mismo tiempo, se han intensificado las campañas de hostigamiento físico y digital, bloqueos informativos, desprestigio y amedrentamiento.

Por otra parte, durante la reunión bilateral, las organizaciones participantes señalaron que, si bien existen instancias con responsabilidades claras sobre este problema, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, persisten serias limitaciones para disminuir el riesgo en el que se encuentran las personas beneficiarias; y no existe un reconocimiento de las causas diferenciales y las afectaciones sociales, económicas y políticas que conlleva el Covid-19.