o es usual en México que un político fuertemente confrontado con otro acepte abiertamente una equivocación y diga que se dispone a enmendar. Al menos en el escenario público eso sucedió ayer en Irapuato, donde Diego Sinhue Rodríguez, panista que gobierna Guanajuato, reconoció el error de ausentarse por sistema de las reuniones matutinas de seguridad pública con representantes de las fuerzas federales correspondientes al gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador.

En tiempos tan caracterizados por el endurecimiento de posiciones políticas e ideológicas, resulta loable que contrincantes acerados tracen posibilidades de entendimiento, para bien de sus representados (un ejemplo de esas virtudes inmediatas de la diplomacia se acaba de registrar en Washington, durante la visita del presidente mexicano al estadunidense).

Sin embargo, como sucedió en la capital del vecino país norteño, las postulaciones escénicas y discursivas no son vías automáticas ni necesariamente eficaces para la solución de un problema como, en este caso, el que se vive en Guanajuato (sobre este punto, puede verse el análisis de Arnoldo Cuéllar, fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, @poplabmx: https://youtu.be/xnuCUwd6d08 ).

Entregado durante casi 30 años a los políticos panistas, como pago inicial por el reconocimiento de facto que hicieron de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, Guanajuato es una entidad estructuralmente dominada por prácticas políticas, policiacas y judiciales que han permitido el ascenso de grupos delictivos, en particular el cártel de Santa Rosa de Lima, dirigido por José Antonio Yépez, alias El Marro, cuya detención parecería ahora más cercana si se coordinan los recursos estatales y federales, aunque ello no necesariamente significaría un cambio, más allá del facial, respecto a la realidad guanajuatense regida por la corrupción política, el contubernio de mandos policiacos con los delictivos y la persistencia de negocios de robo de combustible y los demás que son propios del crimen organizado.

Es evidente que en ese contexto se necesita más que unas horas de presunto entendimiento entre poderes en pugna creciente. El gobernador Rodríguez cedió una aparente victoria al presidente López Obrador (que, además, podrán usar los panistas para demostrar que son capaces de rectificar, mientras a su contraparte morenista la acusan de una cerrazón total), pero se quedó, por lo pronto, con una especie de tregua o retiro de banderas de guerra del obradorismo contra el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa (once años en el cargo y aún le quedan siete más, conforme a decisión del Congreso local, de mayoría panista).

López Obrador se retira de escena con una especie de retractación pública del gobernador Rodríguez, pero éste se queda con su equipo intacto, el citado Zamarripa y el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca. Así, podrá ser detenido El Marro y podrán caer otros presuntos mandos del cártel regional aún dominante, pero los factores estructurales que causan la violencia se mantendrán, con la mira electoral y financiera puesta en mantener a Guanajuato como un estado antiobradorista.

Astillas

Ya son 11 los gobernadores unidos en demanda de una convención nacional hacendaria que redefina el pacto fiscal federal. A los nueve originales se unieron el panista Martín Orozco, de Aguascalientes, y el priísta Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí... El sismólogo político Ricardo Monreal ha dicho desde su observatorio del Senado que la llegada a México de Emilio Lozoya, director de Pemex durante el peñismo, con su disponibilidad videográfica como salvavidas judicial, va a generar una sacudida a la política del país, una suerte de temblor… En el Consejo de la Judicatura Federal se informó que las sesiones con el citado Lozoya serán a puerta cerrada, pero, modernísimos que andan en ese ámbito judicial, reportarán los sucesos por la vía de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp… ¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx