Mazatlán, Sin., El Congreso del estado aprobó la Ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, además se creará un fondo especial y el registro estatal para personas desplazadas, el cual se renovará cada tres años.

Alma Rosa Garzón Aguilar, diputada del Morena, informó que la semana pasada se reportó que 50 familias fueron expulsadas de la zona serrana de Bagrecitos, perteneciente a Culiacán, con lo que suman 25 mil personas desterradas desde 2012, según una investigación efectuada por la Comisión no Gubernamental de Derechos Humanos en Sinaloa.

Con esta ley se crea el registro de personas desplazadas debido a la violencia, a fin de facilitar la asistencia y ayuda humanitaria,donde se configura que son desplazados internos las personas o grupos de gentes forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o sitio de residencia habitual para evitar situaciones de violencia.

Además se contará con el Programa estatal para la atención de personas desplazadas, que será elaborado por una comisión intersecretrarial que se presentará ante la legislatura y se renovará cada tres años.

Para lo anterior, el gobierno estatal y los ayuntamientos deberán garantizar la seguridad de las familias que se han quedado sin lugar de residencia, de manera particular contra la privación de la libertad, desapariciones forzadas y homicidios y, en general, contra cualquier otra amenaza que se presente durante el tiempo que vivan esa situación, así como el reasentamiento o retorno.

Garzón Aguilar reconoció que el desplazamiento que produce la violencia en Sinaloa ha sido un problema grave ignoradopor las autoridades, tanto del gobierno estatal como de los municipales, por lo que el Congreso etiquetó recursos en los presupuestos de 2019 y 2020, de 30 y 40 millones de pesos, respectivamente, para la atención básica de esas familias.

Dijo que con esa ley, a partir de su decreto y publicación en el Diario Oficial de Sinaloa, se ordena al gobierno estatal y a los ayuntamientos brindar a las personas desplazadas, de manera mínima, las medidas de asistencia, como alimentos y agua potable, alojamiento, ropa, servicios médicos, medicamentos y tratamientos para víctimas de agresiones sexuales, además que garanticen los servicios de educación básica.

Detalló que un informe especial presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reveló que en Sinaloa hay 10 municipios con 24 comunidades de la sierra donde la violencia ha expulsado a sus habitantes.