La crisis económica y social derivada del Covid-19 agudizó la problemática de mujeres y niñas de áreas rurales, quienes se enfrentan a mayores obstáculos para ejercer sus derechos, ya que seis de cada 10 viven en pobreza no obstante que producen la mitad de los alimentos en las comunidades ejidales, expuso Mariana González Torres, representante del Congreso Agrario Permanente (CAP) y del movimiento El Campo es de Todos.

En el foro Hacia un acuerdo nacional para enfrentar la crisis, detalló que más de 15 millones de campesinas habitan en localidades rurales y representan 34 por ciento de la fuerza laboral, pero de cada 10 mujeres que trabajan en el agro mexicano, sólo tres reciben pago. En contraste, seis de cada 10 hombres que realizan actividades agrícolas, ganaderas y forestales reciben remuneración por su actividad.

González Torres argumentó que las mujeres rurales viven en condiciones de mayor discriminación y violencia, en un modelo de desarrollo patriarcal en el que imperan formas de dominación basadas en el sexo. Las mujeres indígenas y rurales viven violencia patrimonial e institucional, que las coloca en la más alta marginación.

A pesar de que las mujeres rurales producen la mitad de los alimentos, la tenencia de la tierra representa una de sus mayores dificultades. De acuerdo con los datos del Registro Agrario Nacional (RAN), del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios, más de 3.6 millones son hombres. Al no ser propietarias de la tierra no pueden ser beneficiarias de programas de equipamiento, infraestructura, créditos o apoyos económicos por pagos de servicios ambientales.

Expuso que el Covid-19 vino a remarcar las ya existentes desigualdades, ya que no existen programas productivos diseñados para fomentar la equidad de género, y lamentó que se hayan recortado recursos destinados a las acciones para la igualdad entre la población indígena, como las Casas de la Mujer Indígena.