ras muchos días de confinamiento, el mundo ha empezado a funcionar. Este funcionamiento no recupera la capacidad de operación: apenas hemos empezado a poner en marcha la economía, con grados reducidos de ocupación de la capacidad instalada. Los daños a la economía no han terminado, aunque se ha detenido su caída. Por esto, la discusión sobre las modalidades de la recuperación es prematura. Lo cierto es que para conseguir que haya recuperación se demandarán cuantiosos recursos que los estados nacionales tendrán que inyectar a sus economías y a la protección de los más necesitados.
Como la Cepal ha documentado, América Latina se encuentra en una posición débil para responder a los requerimientos que serán necesarios para impulsar la recuperación económica. Las finanzas públicas regionales están afectadas por diversos motivos: pagos por el servicio de una deuda que se han incrementado, menores ingresos fiscales derivados de la caída del precio de materias primas, requerimientos inaplazables de gasto para sostener servicios de salud (castigados por años de desmantelamiento estatal) así como por transferencias instrumentadas para sostener el ingreso de porciones importantes de la población.
En los próximos meses, los gobiernos de nuestra región deberán resolver de qué fuente de financiamiento se dispondrá para las políticas que instaurarán para detener las consecuencias de la crisis y estimular la actividad económica. Las posibilidades de financiar mayores ingresos fiscales están acotadas: recaudación de ingresos fiscales tributarios y no tributarios y emisión de deuda pública. La contracción que ha provocado la pandemia ha reducido significativamente los ingresos fiscales no tributarios. Estos ingresos no recuperarán los niveles anteriores en este año.
Por su parte, la contratación de deuda se ha encarecido, ya que los inversionistas corporativos han mostrado una explicable aversión al riesgo. Por esto, se ha incrementado el rendimiento de los bonos emitidos por gobiernos de países emergentes. Tomar deuda adicional será costoso. Por ello, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han abierto financiamientos de emergencia que han aprovechado diversos países de la región. Estos créditos, sin embargo, así sea en condiciones preferenciales de plazos y tasas, significarán mayores cargas sobre los presupuestos públicos futuros, de modo que el alivio de corto plazo se convierte en un problema en el mediano y largo plazos. De manera que más deuda pública no soluciona las dificultades.
La Cepal ha planteado con razón que hace falta terminar con la evasión fiscal. De acuerdo con sus estimaciones, el incumplimiento tributario equivale a 6.1 por ciento del PIB regional, lo que advierte sobre la relevancia de eficientar la recaudación de las haciendas públicas, lo que permitiría aumentar rápidamente estos ingresos. Otro ámbito relevante es el de las finanzas públicas subnacionales, las de estados y municipios, que han respondido a mayores requerimientos de gasto emitiendo deuda, al tiempo que los ingresos vía impuestos específicamente subnacionales se estancaban o incluso decrecían. Por ello, se ha planteado, insistentemente, que es indispensable en la región, y por supuesto en México, se convoque a un nuevo pacto fiscal, en el que se establezcan estructuras tributarias progresivas que permitan el financiamiento de un gasto público redistributivo, pero al mismo tiempo eficiente y eficaz. El nuevo pacto fiscal debe establecer que el gasto público está obligado a priorizar las necesidades sociales. Redistributivo, eficiente y eficaz en el impulso a una recuperación que ponga el acento en una economía verde que puede ser muy demandante de mano de obra y que, por ello, estimulará salarios remuneradores.
En este pacto, el asunto mayor es, por supuesto, el de incrementar la carga fiscal a los más altos ingresos. Aquí es donde hay necesidad de modificaciones de fondo. Resulta necesario acordar otra estructura tributaria en la que los grandes ingresos paguen proporciones mayores, en tanto que el impuesto al ingreso de la mayoría se mantenga en proporciones razonables. Un asunto que este pacto tendría que atender es el de la tributación de las empresas digitales, que en la pandemia han cosechado enormes sumas, y que habiéndose beneficiado de la crisis debieran corresponder a la sociedad con mayores contribuciones fiscales.
