La Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas tiene 52 indagatorias por el delito de pornografía infantil, de las cuales 14 son anónimas, 23 presenciales, 14 formuladas por la Guardia Nacional y una más por Interpol México, informó la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos.

Al participar en el conversatorio en línea Abuso y explotación sexual en contra de la niñez en Internet, señaló que la Policía de Investigación cuenta con la Unidad de Inteligencia Cibernética, que está dotada de metodología de investigación, equipos y programas para desarrollar las indagatorias al respecto.

Dijo que el próximo año se tiene contemplado instalar una agencia de investigación de delitos contra la intimidad, con unidades de investigación y de litigación que tendrían que trabajar con los tribunales y los jueces, a fin de ir juntos y llegar a la sanción de estos delitos.

La dependencia ha adquirido todo el equipo tecnológico que se requiere y ha recibido capacitación por la División Científica de la Guardia Nacional, a fin de realizar investigaciones eficientes y perseguir conductas posiblemente constitutivas de delitos.

Además, se cuenta con unidades administrativas, como la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes para atender delitos por violencia de género y en contra de la población vulnerable.

En el conversatorio, organizado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, consideró que la Internet puede representar un riesgo en la niñez, al no estar regulada, y puede ser utilizada por la delincuencia.

Por los medios digitales, expuso, se han cometido delitos en agravio de ese sector de la población, como la distribución de imágenes y videos que atentan contra la intimidad y sexualidad infantil, así como el acoso en línea y la explotación de la privacidad.

La fiscalía trabaja para combatir ese tipo de situaciones, con marcos normativos internacionales y nacionales, como la Ley Olimpia, encargada de sancionar la violencia digital, y un decreto por el que se incorpora el Registro Público de Personas Agresoras.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a denunciar los delitos que atenten contra la niñez, y le pidió confiar en la institución a su cargo, donde se tienen los elementos necesarios para la investigación y estructuración de expedientes sólidos.