Los empleos perdidos en el país durante la emergencia sanitaria difícilmente se podrán recuperar en su totalidad en el presente año, indicó el líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien señaló que aunque el gobierno federal ha tomado las medidas adecuadas, aún falta establecer un seguro de desempleo.

Al participar en la reunión en línea del Comité Ejecutivo Mundial de IndustriALL Global Union, el también presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado adelantó que el próximo periodo ordinario de sesiones en este órgano legislativo propondrá mecanismos de ayuda ante situaciones de este tipo; a la vez que anticipó su respaldo a propuestas como la renta básica universal y reiteró la urgencia de frenar la subcontratación ilegal.

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana expresó las preocupaciones de este gremio en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 ante la agrupación internacional que tiene a más de 50 millones de trabajadores en 140 países.

El reto es recuperar las plazas de trabajo en el menor tiempo posible y promover políticas públicas para fortalecer la creación de empleos, así como proteger a los trabajadores en situaciones de emergencia sanitaria, medidas que acertadamente está implementando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es necesario considerar la creación de un seguro de desempleo, que aún no se contempla en la legislación, indicó.

Por medio de un comunicado, Gómex Urrutia consideró que los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalan que el desempleo alcanzó a más de 800 mil personas entre enero y mayo, pero de prolongarse más tiempo la epidemia, podrían perderse hasta dos millones de empleos formales y 10 millones informales, por lo que insistió que se deben analizar otro tipo de medidas a futuro.

Recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que en todo el mundo podrían ser 300 millones los empleos formales perdidos, y otro tanto similar de empleos informales, lo cual pondrá a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos.

La crisis por la pandemia, concluyó, no debe ser pretexto para violentar los derechos laborales, ni transgredir los contratos colectivos de trabajo.