Un año y dos meses después de que una empresa de paquetería destruyera el expediente de la masacre de Cadereyta –aparentemente por error–, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) admitió ese hecho, por lo que colectivos de víctimas y organizaciones civiles interpondrán las denuncias administrativas y penales.

En un pronunciamiento conjunto, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras y su acompañante legal, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, recordaron que el pasado 2 de junio la FGJNL reconoció que la empresa de paquetería Redpack había destruido los documentos y evidencias sobre la citada matanza perpetrada el 13 de mayo de 2012, en la cual 49 personas fueron asesinadas y mutiladas.