Frente a una epidemia que está en su máximo nivel de intensidad, pero también ante el agobio de la creciente población sin ingresos y en el límite de la subsistencia, los gobernadores del país se muestran urgidos no sólo de reducir los contagios de Covid-19, sino también para ubicar lo más pronto posible a sus entidades en una escala del semáforo epidemiológico que les permita abrir otros sectores productivos.

Con la responsabilidad de actuar –en su condición de autoridades sanitarias locales– ante los casos potenciales y comprobados de coronavirus, refuerzan sus propias medidas para limitar el movimiento de la población con el envío de frecuentes mensajes, reuniones virtuales con expertos, legisladores y alcaldes; asimismo, participan en encuentros con el gobierno federal y, en algunos casos, pregonan sus diferencias con éste para reivindicar sus estrategias. Y en ese abanico hay casos extremos.

Tras la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia y el paso a la nueva normalidad para reiniciar algunas actividades económicas, también se disparó –como era de esperarse– la movilidad ciudadana, y esto hace temer a los mandatarios locales que no se cumplan sus pronósticos de entrar a la fase 2 a más tardar a mediados de mes. De ahí su insistencia en todos los tonos a la población para que siga en su casa.

Según anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, este viernes se dará a conocer el primer reporte de semáforos estatales, como se acordó en una reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y autoridades federales el pasado martes.

Así, en Jalisco –donde antes que en ningún lado se impusieron medidas punitivas para obligar a la gente a no salir–, el gobernador Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano) advirtió el miércoles: No habrá tolerancia para que la gente se esté paseando en la calle.

Con un incremento de 67 por ciento de hospitalizados en sólo una semana, esa admonición no parece una frase al vuelo. En días pasados se difundió un video en el que se acusa a la policía en Ixtlahuacán de provocar la muerte al llevarse por la fuerza, por no usar cubrebocas, a un albañil de nombre Giovanni López. Esto ocurrió el 4 de mayo y existe creciente exigencia de justicia en la entidad. En los estados gobernados por Morena se siguen básicamente las indicaciones del gobierno federal, aunque con algunas peculiaridades.

Sin embargo, la propuesta para usar el mismo color de semáforo en las entidades de la megalópolis (Ciudad de México, estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala) ha sido rechazada por las dos últimas con el argumento de que en sus territorios existe menor impacto de la pandemia.

Y en Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis (Acción Nacional) alienta la expectativa de una pronta reapertura. Y para mantener la sana distancia pide que sólo viajen dos personas por automóvil, una de ellas en la parte de atrás.

El mandatario de Campeche, Carlos Aysa González (Partido Revolucionario Institucional), pidió a su vez que se diferencien los parámetros de contagio para ubicar en otro rango a los trabajadores de las plataformas petroleras porque, aseguró, la mayoría habría enfermado fuera de la entidad.

Asimismo, el independiente Jaime Rodríguez permitió desde mayo la reapertura de restaurantes en Nuevo León y ha señalado como clave para detener la pandemia el empleo de pruebas de detección del coronavirus, de las que, asegura, han aplicado 34 mil.

Insiste en las medidas de aislamiento y sana distancia, y festeja que ya avanza la elaboración de protocolos para (reabrir) los clubes deportivos.