La Secretaría de Gobernación (SG) solicitó información de las pesquisas por el probable uso excesivo de la fuerza pública que derivó en los asesinatos del albañil Giovanni López Ramírez, cometido en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y el de una persona en situación de calle en Tijuana, Baja California, en el contexto de medidas restrictivas ante la pandemia.

Dijo que hubo presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en ambos casos, por lo cual condenó el uso de la fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o la detención arbitraria que afecta particularmente a las personas más vulnerables.

Los hechos ocurridos en Jalisco –donde López Ramírez fue golpeado y detenido por presuntos elementos de la policía ministerial, supuestamente por no portar cubrebocas– se dan en el contexto de las disposiciones del gobernador para evitar contagios, que incluyen el uso de la fuerza pública, lo que llevó a la comisión de abusos de la autoridad, destacó el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas.

Por otro lado, en redes sociales circuló un video del 28 de febrero, en el que se observa la detención –en una gasolinera de Tijuana– de una persona en situación de calle, quien falleció supuestamente en custodia de la policía municipal.

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