Los 6 mil 200 millones de pesos que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pretende aumentar a la deuda pública se sumarán a los 7 mil 450 millones de pesos que en menos de año y medio de gestión ha pedido a los bancos; además, da continuidad a su política de manejar las finanzas estatales con deudas y contratos de largo plazo, como lo hizo como alcalde de Tlajomulco y Guadalajara.

Si los diputados autorizan la iniciativa de Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), en una votación que podría realizarse este jueves en sesión plenaria virtual, el gobierno estatal habrá obtenido préstamos por unos 13 mil 650 millones de pesos de diciembre de 2018 a la fecha, lo que significa un ritmo de endeudamiento de casi 26 millones de pesos diarios.

Endeudar más a Jalisco es una irresponsabilidad monumental, afirmó la coordinadora de Morena en la legislatura, Erika Pérez García, quien anticipó su partido votará en contra, aunque sus sufragios son insuficientes ante la mayoría que podrían sumar MC y el Partido Acción Nacional, como ocurrió el año pasado.

En Tlajomulco, donde Alfaro fue alcalde por dos años a partir de enero de 2010, a cinco meses de su arribo obtuvo un crédito simple de Banobras por 250 millones de pesos, el cual se terminará de pagar en 2025.

En 2011, meses antes de solicitar licencia como edil, Alfaro negoció otros 20 millones de pesos con Banobras como crédito en cuenta corriente, el cual según se utilizó para inversión pública productiva. El plazo de pago vence en 2041.

Como munícipe de Guadalajara (2015-2017), antes de irse a buscar la gubernatura, Enrique Alfaro no pidió deuda pública de largo plazo, aunque sí negoció préstamos a corto plazo y obtuvo dos, uno por 250 millones de pesos para restructurar deuda pública a largo plazo, y otro por 254 millones para repavimentación, ambos a pagarse con los recursos propios del municipio.

En tanto, los municipios de Ciudad Madero y de Güémez, Tamaulipas, impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la autorización del Congreso de esa entidad para que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca contrate deuda pública por 4 mil 600 millones de pesos, la cual, según el mandatario panista, servirá para combatir la pandemia de Covid-19.

Dichos ayuntamientos impugnaron el decreto 44-92, emitido el 8 de abril pasado, por el cual se autoriza al gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, la contratación de financiamiento y operaciones asociadas, así como la afectación de participaciones como fuente de pago.

En su momento, García Cabeza de Vaca afirmó que este préstamo serviría para enfrontar la pandemia; sin embargo, en el decreto respectivo no se hace menciona el tema; sólo se estipula que se pagará en 20 años.

Ciudad Madero y Güémez señalan que este crédito se pagará con las participaciones federales, lo cual restará a los municipios recursos durante dos décadas.