Mexicali, BC., Organizaciones sindicales denunciaron presión de los dueños de las maquiladoras que reanudaron actividades para despedir a quienes se manifestaron en contra de las condiciones de trabajo y su operación sin ser actividades esenciales durante la contingencia sanitaria.

Otra irregularidad, declararon, es el incumplimiento de sana distancia en el traslado a las plantas industriales en camiones de transporte de personal de estas empresas, como garantizó el gobierno de Jaime Bonilla.

También señalaron que no respetan a los sectores vulnerables (mujeres en lactancia, asmáticos y diabéticos) que se encuentran en situación crítica porque siguen sin aceptar las notas médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que determinan resguardo domiciliario.

Acusaron además que las manufactureras que reanudaron sus actividades carecen de documentos oficiales del gobierno de Baja California para avalar el argumento que forman parte de la cadena de suministros de productos esenciales.

El 4 de mayo regresaron a laborar más de 50 mil trabajadores de 40 maquiladoras, la mayoría de Mexicali y Tijuana, justo en la fase crítica y del pico máximo de la epidemia en un estado que reportó el 6 de mayo mil 962 contagios de Covid- 19, de estos mil 37 en Tijuana y 727, en Mexicali, así como 298 muertes; dos de cada tres registradas en Tijuana.

Las estadísticas en Baja California refieren que hasta el 7 de mayo hubo 327 defunciones y 2 mil 143 personas infectadas de Covid-19.

Luciana Benítez y Eduardo Castañeda, abogados de la organización sindical Sibatrem Mx, advirtieron que ningún funcionario de la administración de Jaime Bonilla se quiere responsabilizar de la orden de reactivar a esas empresas.

Según esta organización, que asesoró a cientos de trabajadores para exigir el cierre de líneas de producción no esenciales, la Procuraduría para la Defensa del Trabajo y la Comisión Federal para la Protección Sanitaria (Cofepris) reconocieron que no existe ningún documento queautorice la reapertura de esas maquiladoras; sólo dicen contar con la autorización de la Secretaría estatal de Economía Sustentable.

Queremos que nos digan quién se va a responsabilizar de las conse-cuencias por la violación de derechos laborales y, sobre todo, de los derechos a la salud y a la vida, en caso de contagios y muertes por Covid-19 en las plantas industriales, señalaron Benítez y Castañeda, quienes criticaron que el gobierno estatal las suspendió en fase 2 y las reabrió en la 3.

Sin transporte ni contratos seguros

La Organización Política del Pueblo y los Trabajadores manifestó, por su parte, que son las contradicciones patronales, como Clover Wireless, que se autoproclaman esenciales, pero no respetan las medidas para el traslado ni para el área de operaciones donde el protocolo establece un máximo de 50 personas.

Compartió que una trabajadora denunció que esa compañía incumple las medidas sanitarias para el transporte porque no funcionan todas las rutas.

Criticó las presiones de las factorías para despedir a trabajadores que se manifestaron al inicio de la pandemia, además de la ausencia de permisos del gobierno para operar, como es el caso Dialigth, del puerto de Ensenada. La suspensión se decretó hasta el 30 de mayo.

Los trabajadores, destacó la organización, acusaron a los gerentes de acoso laboral para despedirlos por supuesto recorte de personal, en este tipo de amenazas señalaron a los administradores de empresas como Clover Wireless, Autolite, Arbd, Vanguard, Quantum, Teleplan, Dataproducts y Furokawa. Aunque en realidad, las amenazas de despido se centran en aquellos que protestaron por las condiciones de trabajo y no respetar el acuerdo presidencial de la emergencia sanitaria por el coronavirus.