La UNAM, tesoro de todos los mexicanos

aya que el problema en la UNAM sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios es muy grave. Pero no es un problema exclusivo de la Universidad, es un flagelo que azota al país y a gran parte del mundo. La autonomía no hace de la Universidad una isla, está en el contexto nacional.

s un hecho notorio pero si se le ignora genera desconcierto: cuando los pueblos indígenas o campesinos se sienten agredidos o miran que un peligro se cierne sobre ellos y sus integrantes, toman medidas para defenderse. Normalmente quienes cargan con la responsabilidad de ejecutar tales previsiones son sus autoridades, y para llevarlas a cabo echan mano de sus jóvenes o personas en edad activa. Normalmente. Pero cuando la normalidad es rebasada, en la defensa participan todos: mujeres, ancianos y niños. Cada uno de los miembros de los pueblos asume tareas diversas, desde reunir información que ayude a la protección del pueblo, hasta preparar el terreno, mantener a los que se movilizan y a su familias si fuera necesario, conseguir la armas y usarlas contra el enemigo. Eso es un hecho, no un deseo. Pero hay autoridades que parecen no darse cuenta que vivimos tiempos anormales, que requieren la toma de medidas excepcionales para brindar seguridad a los pueblos y ciudadanos.

urante más de 12 años, familiares, representantes legales, Comisión de Mediación, Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda y organizaciones sociales y de derechos humanos solidarias han mantenido la exigencia de la presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes el 25 de mayo de 2007 fueron detenidos, en la ciudad de Oaxaca, y desaparecidos por diversos agentes de los tres niveles del gobierno mexicano, configurándose un innegable crimen de Estado y lesa humanidad, tipificado como desaparición forzada, y, por tratarse de militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, como parte de la estrategia de contrainsurgencia y llamada guerra sucia que ha puesto en práctica el Estado mexicano durante décadas.