La subcontratación ilegal está extendida en el país y es utilizada tanto en los sectores público como privado. Además, se ofrece por medio de cooperativas, organizaciones e incluso sindicatos, afirmaron especialistas. El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) destacó que esta práctica ha contribuido a la precarización del trabajo en México.

El coordinador general del Cilas, Héctor de la Cueva, señaló en entrevista que por lo general la tercerización es parte de una plaga de formas de simulación de la relación laboral que han venido usando más empresas y empleadores, incluyendo los gobiernos.

Expuso que es utilizada en cualquier rama, automotriz, textil, minera, electrónica o telecomunicaciones, pero también en la administración pública, porque hay muchos servicios en las instituciones de gobierno que se han subrogado en forma indebida.

Destacó que debido a esta práctica muchos trabajadores no cuentan con prestaciones ni seguridad social, carecen de contrato por escrito y no se les permite la organización colectiva. Como lo ha reconocido el propio gobierno, la subcontratación y demás formas de simulación laboral son un verdadero cáncer, afirmó De la Cueva.

Héctor Márquez Pitol, director de relaciones institucionales de Grupo Manpower, explicó que además de que en la subcontratación ilegal no se reconoce al empleado como tal, quien la ofrece, además de beneficiarse por las comisiones que cobran por el servicio, busca quedarse con otros recursos, como el pago del impuesto sobre la renta (ISR), las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social e incluso el impuesto sobre nómina.

Indicó que los esquemas en los que se basa esta práctica pueden ser muy sencillos, como contratar a alguien por honorarios con el propósito de evadir la seguridad social y hay otros donde al empleado se le remunera con el mínimo profesional y nadie paga ISR ni otras cuotas correctas. Los más sofisticados son los pagos a los trabajadores por medio de cooperativas o sindicatos.

Acerca del anuncio de que la subcontratación ilegal será perseguida como delincuencia organizada, Márquez Pitol consideró que esta medida beneficiará a todos los mexicanos. Son prácticas en que el primer defraudado siempre fue el gobierno, pero repercute en los ciudadanos.