El gobierno federal estableció una coordinación institucional con el fin de acabar con la subcontratación laboral ilegal en el país. Aunque el también llamado outsourcing tiene opciones legales, quienes recurran a dicha práctica con el propósito de evadir pagos a trabajadores o al Servicio de Administración Tributaria zSAT) podrían ser juzgados como delincuencia organizada o por defraudación fiscal, con penas hasta de 20 años de prisión.

Al hacer el anuncio del grupo de trabajo contra este delito –en el que participan las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores– el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que más de 14 mil empresas despidieron a toda su nómina en diciembre, lo que representa 60 mil trabajadores, aunque en total fueron cesadas 380 mil personas ese mes.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que las irregularidades en contrataciones laborales tienen que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, e hizo un llamado a los empresarios a tener dimensión social, con la finalidad de cumplir con los derechos de los asalariados.

Tras informar acerca de la creación del grupo de trabajo contra la subcontratación ilegal, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, estimó que hay 5 millones de personas bajo ese esquema.

Sin precisar cuántos trabajadores de esos 5 millones se estima que están contratados en el marco de la ley, la secretaria afirmó que se calcula que 6 mil empresas incurren en subcontratación abusiva, lo que provoca una evasión de 21 mil millones de pesos anuales.

La diferencia radica en que mientras la ley permite que una empresa subcontrate a personal para un servicio especializado con el propósito de no distraerse de su actividad principal, la subcontratación ilegal se genera cuando traslada la plantilla laboral completa a un intermediario con el único fin de encubrir la relación laboral e incumplir obligaciones, explicó la funcionaria.

Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó que ya fueron detectadas mediante operativos, entre septiembre y diciembre, mil 200 empresas con prácticas de subcontratación ilegal, que agrupan a 862 mil 489 trabajadores.

La Procuraduría Fiscal de la SHCP investigará los casos de este tipo con el fin de determinar si existe defraudación fiscal o delincuencia organizada.

La reforma penal fiscal más reciente –entró en vigor el primero de enero–, “precisamente va encaminada a castigar y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal; es decir, tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal”, indicó el titular de la dependencia, Carlos Romero.

Quien contrate servicios ilegales de este tipo podría ser sancionado hasta con 14 años de prisión; en tanto, quien preste el servicio ilegal, es decir, los outsourcing, podrían ser condenados hasta con 20 años.

Gobernadores deberán explicar rechazo al Insabi

Al ser interrogado acerca de la negativa de varios gobernadores del PAN a sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el presidente López Obrador indicó que los mandatarios que no se incorporen deberán explicar en sus estados por qué seguirán cobrando cuotas de recuperación a la población no asegurada. Durante la comida que ofreció a los mandatarios estatales esta semana, aclaró, no se tocó el tema, ni hablaron de cuestiones presupuestales.