El sector privado argumentó que los despidos efectuados en diciembre pasado fue de plazas temporales –como ocurre cada año– y apegados a la ley, por lo cual no hay preocupación por que haya mayor vigilancia a las empresas que emplean bajo el esquema de subcontratación, anunciada por el gobierno federal.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó que la liquidación de 64 mil trabajadores el último mes de 2019 no fue producto de malas prácticas de subcontratación, a pesar de que el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) indicó que más de 14 mil empresas finiquitaron a toda su plantilla.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, funcionarios indicaron que se perseguirá como delincuencia organizada los casos de compañías que utilizan la subcontratación ilegal, pues bajo esa figura las cotizaciones de los trabajadores en el IMSS no corresponden con el sueldo que perciben y no reciben todas las prestaciones, entre otros perjuicios para los trabajadores, así como la falta de pago de impuestos.

Salazar Lomelín explicó que el nivel de inversión en 2019 fue de 21 por ciento respecto del producto interno bruto (PIB), del cual 17.9 por ciento correspondió al capital del sector privado, mientras 2.9 por ciento fue del sector público, cantidades aún bajas, lo cual explica la poca creación de plazas laborales.

Cuando me pregunten por qué generamos pocos empleos en 2019, 360 mil durante todo el año registrados ante el IMSS, la repuesta es: porque no hubo la suficiente cantidad de inversión, aseguró antes de considerar que es necesario movilizar el capital para generar más y mejores trabajos.

Nadie se nos ha adelantado, no hay preocupación, manifestó acerca de la medida del gobierno federal anunciada y añadió que el sector privado continúa trabajando para hacer una contrapropuesta por medio del parlamento abierto. Tenemos una ley que trata de regular las actividades de subcontratación; establece prácticas en las cuales se dice cuándo se puede eliminar la plaza de un trabajador o contratarlo.

Agregó que debe revisarse si algún despido de diciembre violó la legislación, y reiteró que se deben regular esas actividades.

El gobierno fue claro

Elías Micha, director de TallentiaMX, institución que agrupa a empresas dedicadas a la subcontratación, sostuvo que lo anunciado por el gobierno federal no se trata de una persecución, sino la “aplicación estricta de la ley.

Si alguien quebranta la ley debe pagar por ello. Debemos promover un estado de derecho y ese debe estar presente en el mundo laboral, dijo antes de expresar que el outsourcing es una actividad legal que no tiene por qué estar satanizada. El gobierno ha sido claro y preciso.

Micha destacó que la subcontratación es un gran creador de empleos por la flexibilidad que tiene y ha beneficiado a sectores como el de electrónica o el aeroespacial asentados en la frontera, pues de 2004 a 2014 la informalidad en esas actividades industriales cayó de 33 a 22 por ciento. Añadió que intentar prohibirla promovería la ilegalidad, la informalidad y el desempleo.