l hecho de que los salarios contractuales (es decir, aquellos que se negocian entre empresas y sindicatos) se hayan incrementado, en promedio, a niveles mayores que el de la inflación, constituye un signo alentador no sólo para un enorme número de personas que viven de su trabajo, sino también para la economía del país en general. Como complemento, que el poder adquisitivo haya registrado la mejor tasa de recuperación de las pasadas dos décadas indica que la política salarial de la actual administración de gobierno está cumpliendo, sin estridencias pero de manera consistente, con el objetivo de recuperar paulatina y responsablemente ese poder, tal como lo anunciaran hace un año las autoridades hacendarias.

Las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según las cuales el pasado mes de diciembre las percepciones de los trabajadores aumentaron en 2.95 por ciento en términos reales, descontando la inflación, se inscriben en una tendencia que se mantuvo a lo largo de 2019 y que consiste en revertir el constante deterioro en la capacidad adquisitiva de esas percepciones (a fines de 2018, por ejemplo, el salario mínimo había perdido 70 por ciento de su poder de compra).

Incrementar y mantener los salarios por encima de los índices inflacionarios –propósito anunciado de manera explícita por el jefe del Ejecutivo– era una condición indispensable para revitalizar un mercado interno que se alzaba como única alternativa frente a la desaceleración de la industria y a un entorno económico internacional poco favorable para nuestro país. Y el ritmo sostenido que mantiene la relación salario/inflación en favor del primero –se mantuvo todo el año 2019– evidencia que esa condición se está cumpliendo.

Es, asimismo, significativo que del total de negociaciones contractuales llevadas a cabo en los pasados 12 meses la gran mayoría se hayan realizado en el contexto del sector privado. Y lo es porque pone de manifiesto que también en dicho sector –donde con frecuencia se alzan voces que cuestionan las políticas gubernamentales– se advierte la necesidad de aumentar los ingresos de millones de ciudadanos que durante años han vivido con lo mínimo indispensable, y a veces ni eso. No hay que olvidar, de todos modos, que en términos comparativos los haberes de los trabajadores mexicanos se encuentran por debajo de la mayoría de los promedios internacionales en ese rubro. Pero aún dentro de sus acotados límites, los incrementos que han tenido, y que les han servido para conservarse por encima de la inflación, constituyen un avance innegable.

Escépticos, a comienzos de este año algunos analistas financieros internacionales alertaban sobre la política salarial del presidente López Obrador, porque –argumentaban– podría afectar negativamente la formación de precios. Pero también un par de meses antes habían pronosticado que un ajuste salarial iba a generar presiones inflacionarias que en definitiva no se produjeron.

Conviene recordar que la tasa inflacionaria del país se ha mantenido dentro de las previsiones del Banco de México (3 por ciento con una variación eventual de un punto) y que ello facilita que los aumentos de salarios sigan arriba de la inflación. Pero no por ello la tendencia deja de representar un positivo síntoma de recuperación económica.