Será a través de auditorías especiales como el Congreso capitalino promoverá revisiones al Instituto de Vivienda (Invi) para el ejercicio presupuestal 2018 o anteriores y con el inicio de la fiscalización de la cuenta pública 2019, en mayo.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) debe entregar los resultados de la revisión de la cuenta pública 2018 el 20 de febrero y el gobierno local tiene hasta el 30 de abril para entregar la de 2019.

El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso, José Luis Rodríguez Díaz de León, explicó que el órgano dictaminador tiene facultades para proponer al pleno solicitar a la ASCM revisiones especiales para que sean incluidas en el programa general de auditorías que el órgano de fiscalización deberá elaborar dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que reciba el informe de la cuenta pública.

Raymundo Collins Flores, quien tiene una orden de aprehensión por irregularidades detectadas en su gestión al frente del Invi y por denuncias de empresarios por actos de corrupción, estuvo al frente del instituto entre 2012 y 2018.

En ese periodo la ASCM practicó una auditoría financiera al rubro de inversiones financieras y otras provisiones del ejercicio 2013; al año siguiente realizó el mismo tipo de revisión a derecho a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo; la del siguiente ejercicio fue financiera y de cumplimiento sobre los bienes muebles e inmuebles de la misma institución; del mismo tipo al de 2016, nuevamente al capítulo inversiones financieras y otras provisiones, y al de 2017 a la actividad denominada transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en específico a los apoyos para renta a personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre.

De este último, la ASCM documentó diversas irregularidades, como la ausencia de pólizas de registro de cheques, de documentación que permitiera identificar a los beneficiarios, así como discrepancias en domicilios señalados en los formatos de registro y los documentos de personas que recibieron apoyos, además de deficiencias en el sistema contable del organismo.

Díaz de León adelantó que también se promoverán auditorías especiales para revisar los contratos del gobierno de Miguel Ángel Mancera con la empresa Glac, y del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.