Tuxtla Gutiérrez, Chis., Integrantes del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos El Coloso de Piedra, así como amigos y familiares del activista Sinar Corzo Esquinca, asesinado el 3 de enero de 2019 en el municipio de Arriaga, marcharon en esta ciudad, capital del estado, para exigir el esclarecimiento del crimen.

El contingente estuvo encabezado por Luis Arbey Pérez, quien indicó que a un año del crimen contra su compañero no sólo no hay justicia, sino que también se han acentuado los ataques y las descalificaciones contra el comité del que forma parte, sus miembros, así como familiares del defensor.

Dijo que por el asesinato de Sinar Corzo se encuentran en la cárcel cuatro personas, entre ellas Apolinar Castillejos, suegro del ex presidente municipal David Parada Vázquez, señalado por las autoridades como el autor intelectual del homicidio.

Parada Vázquez fue desaforado del cargo de alcalde de Arriaga en febrero de 2019 y desde entonces se encuentra prófugo.

Que haya transparencia, no queremos chivos expiatorios, lo que queremos es justicia para Sinar, justicia integral, exigió Arbey Pérez.

Agregó que el caso pasó la audiencia intermedia en noviembre pasado, pero la defensa de los imputados y los familiares de la víctima pidieron una ampliación de los plazos, por lo que el proceso se alargará.

Desde el asesinato de Sinar Corzo, dijo que en el municipio de Arriaga reina la ingobernabilidad por los constantes cambios de presidentes municipales. Además, a los integrantes del comité El Coloso de Piedra los mantienen en medio del conflicto, porque aunque el ex alcalde Parada Vázquez cuenta con seguidores, mucha gente también lo cuestiona.

El ex edil e integrantes de su cabildo han acusado al gobierno del estado de persecución política, entablando demandas ante la sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los miembros del comité El Coloso de Piedra han demandado una audiencia con autoridades a través del mecanismo de protección a defensores y mediante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar el trabajo de los activistas, pero, aseguran, no han tenido respuesta.