Temas como la ley Bonilla, que pretende alargar a seis años el periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla; la penalización del aborto por la inclusión del derecho a la vida en la Constitución de Nuevo León, y las normas para regular la gestación subrogada en Tabasco serán resueltos en el primer semestre de 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo detalló el presidente de esta instancia de justicia, Arturo Zaldívar, durante la ceremonia de inauguración del primer periodo de sesiones de este año, en la que explicó que también se resolverán temas constitucionales como la objeción de conciencia del personal médico en la interrupción legal del embarazo; el derecho a la salud, la educación sexual y la distribución gratuita de anticonceptivos en Veracruz; los impedimentos legales para que las personas con alguna discapacidad intelectual puedan contraer matrimonio, y la igualdad de género en el otorgamiento del indulto a reos.

El presidente de la SCJN subrayó que durante este año, por primera vez en su historia moderna, el pleno de ministros contará con tres mujeres, una vez que la ministra Margarita Ríos Farjat sea recibida en la sesión solemne que se efectuará el lunes 6 de enero.

Zaldívar aseguró que en todos estos casos la SCJN resolverá con independencia y autonomía, y sostuvo: Lo que determina la independencia de un tribunal no es el sentido de la sentencia: es poco serio establecer que un tribunal constitucional es independiente cuando falla en un sentido y no lo es cuando falla en un sentido diverso. Donde nace y yace y se encuentra la independencia y la legitimidad de un tribunal constitucional es en los argumentos y las razones que justifican las resoluciones.

El presidente de la SCJN terminó afirmando que los integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo se deben al juicio de la gente que recibe sus sentencias: Las resoluciones que dicte la Suprema Corte podrán ser opinables y discutibles y podrán no gustar a todos, pero nuestras argumentaciones sostendrán la legitimidad de que estamos cumpliendo nuestra obligación de respetar la Constitución y de proteger los derechos de las personas y como único parámetro de nuestra actuación y de nuestras decisiones.