La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trabaja en la integración del expediente que será presentado en los próximos días ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como parte de una demanda por el asedio a sus legaciones diplomáticas en Bolivia.

No es la primera vez que México acude al principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se encarga de resolver disputas entre países y brindar opiniones consultivas relativas al derecho internacional y su aplicación.

En 2003 demandó a Estados Unidos el cumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, asunto conocido como el caso Avena, cuya razón le fue concedida.

En recientes declaraciones a medios, el consultor jurídico de la cancillería mexicana, Alejandro Celorio Alcántara, explicó que el derecho internacional le permite a los Estados resolver diferencias en la interpretación de lo que son las normas que rigen en las relaciones entre países.

Cuando no se logra resolver una diferencia de interpretaciones o incluso cuando se atenta contra el derecho internacional o un tratado del que los países son parte, es posible recurrir a la CIJ.

Celorio Alcántara agregó que en el caso específico de Bolivia, el Estado mexicano busca que cesen los actos que resultan violatorios de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. La presencia de oficiales, militares y policías alrededor de la sede dipomática es un atentado contra este tratado internacional porque representa un hostigamiento.

En este contexto, la CIJ revisaría si las autoridades bolivianas tienen derecho o no de revisar vehículos diplomáticos –como lo han hecho en las semanas recientes autoridades de seguridad que permanecen en los alrededores de la residencia oficial mexicana– o sobrevolar artefactos por encima de dichos inmuebles.

Es tema de competencia del tribunal internacional si existe algún hecho que sea violatorio de una obligación internacional, puntualizó Celorio.

Añadió que la oficina a cargo del canciller Marcelo Ebrard Casaubon prepara los argumentos para, a la brevedad, presentarlos ante este tribunal internacional junto con medidas provisionales para que cese el acoso.

Desde su establecimiento en 1946, la CIJ ha tratado 152 casos que los Estados le han sometido, y las organizaciones le han solicitado 26 opiniones consultivas.

Los casos involucran conflictos internacionales relacionados con derechos económicos, derechos de paso, la proscripción del uso de la fuerza, relaciones diplomáticas, toma de rehenes, derecho de asilo y nacionalidad.