Debido a la imagen estereotipada del loco peligroso, muchas personas que viven con alguna discapacidad sicoemocional se han visto involucradas en juicios en los cuales su palabra no es tomada en cuenta, además de que muchas veces son declaradas inimputables, lo que de todas formas esconde un castigo de cárcel que no abona a su tratamiento ni a su reinserción en la sociedad.

Ante dicho escenario, la organización civil Documenta lanzó un programa de acompañamiento legal para este sector de la población, con el objetivo de garantizar que sus derechos sean respetados –mediante diversos ajustes al proceso del juicio– y así desmontar el estigma que pesa en contra de quienes han sido marginados del acceso a la procuración de justicia.

El proyecto de facilitadores lanzado por Documenta surgió hace un año y medio. Se busca, en primer lugar, identificar a las personas que tienen alguna condición de divergencia sicosocial y han sido involucradas en procesos de carácter penal, ya sea como imputados, víctimas o testigos, explicó Víctor Lizama, coordinador del equipo de consultores.

Dicho programa –inédito en toda AL y que hasta el momento sólo se aplica en la Ciudad de México, gracias a un convenio entre Documenta y la Fiscalía capitalina– pretende que estas personas tengan acceso a asesores que les expliquen de qué se trata el procedimiento legal en el cual están participando y, en caso de ser necesario, proponga los ajustes para que en el juicio se tomen en cuenta sus puntos de vista.

Desde el inicio de sus actividades, a mediados de 2017, los 11 integrantes del equipo multidisciplinario que participa en este esquema –en el que figuran personas expertas en leyes, sicología, antropología y trabajo social– han participado en más de mil 100 audiencias de tipo penal, en las cuales han ayudado a unos 300 usuarios.

La mayoría de las personas que han recibido acompañamiento por parte del equipo de Documenta son hombres en situación de calle que tienen un consumo problemático de sustancias y no cuentan con redes familiares o sociales. Muchos de ellos son acusados de cometer faltas como robo o lesiones.

En el marco del nuevo sistema penal acusatorio, las diversas audiencias del juicio son videograbadas y en ellas el facilitador de justicia se sienta junto con el imputado, no para defenderlo o impedir que vaya a la cárcel, sino para explicarle en términos sencillos lo que está ocurriendo en la sala, asegurarse de que lo entienda y que manifieste sus puntos de vista al respecto.

Esta labor implica también hacer otros ajustes de procedimiento, entre los cuales pueden considerarse aspectos como permitir al imputado tener una posición menos rígida frente al juez o incluso solicitarle a éste que baje de su sitio para que este al mismo nivel de la persona acusada, o que se quite la toga, si ello facilita el juicio.

Lo anterior, señaló por su parte Diana Sheinbaum, investigadora de Documenta, contrasta con la extendida noción de que las personas con discapacidad sicoemocional son potencialmente peligrosas, a tal grado que muchos guardias recomiendan no tocarlas o quitarles el acceso a plumas, lentes y otros objetos.

“Las personas neurodivergentes han sido históricamente estigmatizadas por la noción que vincula la ‘anormalidad’ síquica con el riesgo de violencia y que ha sido reproducida por los medios de comunicación y las películas de Hollywood. Socialmente hemos aceptado esta idea del ‘loco peligroso’ que la siquiatría ha reforzado durante siglos”, lamentó.

Un ejemplo de cómo pueden verse afectados legalmente quienes viven con alguna condición de este tipo es el caso de Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad intelectual que en 2011 fue acusado de intentar robar un auto empujándolo, y que pasó cuatro años privado de la libertad luego de que se le impidiera ofrecer su versión de los hechos, recordó Lizama.

Una de las salidas más recurrentes en estos casos, indicó el especialista, es declarar como inimputables a los acusados, pero cuando eso ocurre, normalmente las personas pierden la alternativa de acceder a ciertos beneficios legales y además se les mantiene detenidas en hospitales siquiátricos –lo que se conoce con el eufemismo de medidas de seguridad–, con el argumento de que esa es una acción más benévola que dejarlos ir.

La solución, enfatizó Lizama, “implica transformar la sociedad para eliminar el estigma hacia las personas con discapacidad sicoemocional. Hay que dejar de criminalizar la ‘locura’ y frenar el argumento de que ciertas personas son un peligro para ellas y para la sociedad si no están bajo tratamiento siquiátrico”.