A pesar de que un estudio elaborado en 2018 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), en asociación con la fabricante de software de seguridad McAfee, considera que después de Brasil, México es el país que presenta el mayor número de ataques cibernéticos en América Latina y que los delitos cibernéticos costaron al país alrededor de 3 billones de dólares, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo inició 33 indagatorias por delitos relacionados con la materia.

Lo anterior, entre enero de 2016 a octubre de 2019, y sin que se consideren la intervención ocurrida a sistemas bancarios, que permitieron que una banda de hackers obtuviera más de 100 millones de pesos en efectivo, ni las afectaciones en Pemex, en meses recientes, contra más de 50 por ciento de sus computadoras administrativas.

El pasado 13 de diciembre la FGR dio respuesta a una petición ciudadana y mediante el oficio FGR/UTAG/DG/0081128/ 2019 informó que no cuenta con datos de las denuncias presentadas durante el periodo 2006-15, y que de 2016 a 2019 sumaron 33 casos por acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos.

Al respecto, los denunciantes entre 2016 y 2019 son mencionados de la siguiente manera, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó una querella, organizaciones no gubernamentales, un caso; 16 personas físicas solicitaron la intervención del Ministerio Público federal; personas morales (empresas) cuatro; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tres ocasiones, mientras que autoridades estatales solamente una y personas sin identificar, siete denuncias.

Según la respuesta otorgada por la FGR, la información corresponde a todos los registros que existen en el sistema informático del Ministerio Público; sin embargo, en mayo pasado la autoridad ministerial detuvo en el estado de Guanajuato a siete integrantes de una banda de presuntos hackers a los cuales, además de asegurarles más de 120 millones de pesos en efectivo que habían sido transferidos de los sistema bancarios a cuentas personales o bien mediante accesorios electrónicos de cajeros automáticos, les confiscó 34 vehículos de lujo, entre ellos de las marcas Ferrari, Lamborghini y McLaren, que fueron subastados semanas atrás.

En ese contexto el documento titulado Riesgo cibernético y ciberseguridad, publicado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, elaborado por Fernando Pérez Márquez, refiere que en 2018 “56 por ciento de las empresas mexicanas encuestadas indicó haber sido víctima de ciberataques por los llamados malware y phishing”.

En tanto, en la Cámara de Diputados, Morena presentó una iniciativa para sancionar hasta con ocho años de cárcel el daño de sistemas informáticos, archivos electrónicos o portales electrónicos mediante la práctica conocida como hackeo que, explicó esa bancada, en México ha causado daños millonarios y que se ha extendido para infectar computadoras, clonar tarjetas, destruir bases de datos o incluso exigir un rescate para recuperar sistemas intervenidos.

Por tanto, se propone tipificar en el Código Penal federal el delito de sabotaje informático, que tiene lugar cuando alguien modifica, desvía, elimina, daña o realiza cualquier acto que altere ilícitamente el normal funcionamiento y contenido en los sistemas de información, tecnologías de la información o cualquiera de sus componentes, para obtener un beneficio para sí o para otro, indica la propuesta de la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera.