El operativo Rápido y Furioso demostró lo fácil que pueden entrar a México las armas procedentes de Estados Unidos. Entre 2009 y 2010 la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas ( (ATF, por su sigla en inglés) desde su oficina en Phoenix, Arizona, propició el ingresó ilegal de este material bélico con el supuesto fin de rastrear su utilización por parte del crimen organizado del país.

Rápido y Furioso se llevó a cabo con el conocimiento del entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, según consta en documentos del Congreso de Estados Unidos.

Ante el Senado mexicano, Medina Mora dijo, en su momento, que la colaboración con Estados Unidos había sido pactada para que las armas decomisadas a delincuentes en México fueran revisadas a efecto de detectar en qué parte del país vecino fueron vendidas y según sus afirmaciones, la operación referida ocurrió después de que dejó el cargo como procurador.

En el contexto de ese programa de la ATF, entraron al país más de 2 mil armas a México y su objetivo era supuestamente detener a grandes traficantes de la droga; sin embargo, a la mayoría se les perdió el rastro. En el periodo que se aplicó, 200 mexicanos fueron asesinados en ambos lados de la frontera con armas de este operativo, pudo constatarse.

Dos de esas armas entregadas a los grupos delictivos fueron utilizadas en el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, en diciembre de 2010 en la zona de Nogales, Arizona, Estados Unidos.