A más de cinco años del derrame en el río Sonora ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México, hospitales y clínicas de los municipios afectados operan sin personal ni equipo médico suficiente para atender los efectos o hacer los exámenes necesarios.

Pese a que se difundió y se dio por hecho que entre los convenios que hizo la empresa con la administración federal estaba la construcción de un hospital para atender a la población con daños a su salud provocados por los tóxicos, nunca se concretó tal pacto; pero después de una nueva inspección de Profepa se emplazó a Grupo México a dar respuesta a sus compromisos, indicaron los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo.

El problema no se va a quedar nada más en el diagnóstico, agregó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que el compromiso del gobierno federal es de actuar: asumimos nuestra responsabilidad y vamos a atender de manera integral el problema, empezando por la salud de la gente.

Los secretarios presentaron ayer un balance de la inspección realizada en el río Sonora el pasado 18 de diciembre.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Toledo detalló que se reunieron con autoridades locales, diputados y pobladores de localidades desde Cananea hasta Ures, cerca de Hermosillo, quienes les presentaron el plan de acción avalado para los próximo 15 años con medidas legales, programas anuales de trabajo y una política de participación de distintos sectores.

En los encuentros, los afectados hicieron reclamos por la falta de atención médica y expusieron que los daños, si bien se agudizaron tras el derrame, ya eran un tema crónico de muchos muchos años debido a la contaminación del agua, de la tierra y del aire causados por la actividad minera.

Mientras hay 381 personas detectadas con problemas por el derrame, en el estado hay mil expedientes médicos más que no pudieron consultar, agregó el titular de la Secretaría de Salud (Ssa).

Al detallar las condiciones del hospital rural regional, afirmó: “No asisten los pacientes (al nosocomio). ‘¿Para qué?´, me lo dijeron los pocos que estaban ahí, porque si no hay médicos y no hay con qué hacer estudios mínimos, pues ellos prefieren ir a Hermosillo y no tienen de otra”.

Por ello, dijo, se necesaria una unidad de vigilancia real para medir, cuantificar y evaluar el efecto de la presencia de elementos como: hierro, cromo, zinc, cadmio, aluminio, plomo y manganeso, entre otros, que son altamente nocivos.

También se requiere atención psicológica para la población afectada. Para solucionarlo, presentó un primer diagnóstico de contratación de personal que requiere 7.1 millones de pesos de inversión.

El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales recalcó que para encontrar soluciones se deben lograr consensos entre las tres instancias de gobierno, la población afectada, las instituciones académicas que pudieran investigar las consecuencias del derrame y la empresa involucrada, en este caso el Grupo México, que fue el causante de esta crisis ambiental y de salud en la región del río Sonora. Apuntó que dicha empresa obtuvo, tan sólo en 2018, una ganancia de 100 mil millones de pesos por la operación de sus minas en el país.