l pleno de la Cámara de Representantes encontró culpable al presidente Trump de los delitos de abuso de poder y obstrucción de la justicia. El primero porque, abusando de su condición de primer mandatario de Estados Unidos, condicionó la entrega de la ayuda militar a Ucrania, aprobada por el Congreso, a que el gobierno ucraniano investigara a un rival político, con la clara intención de socavar su popularidad en el marco de las elecciones de noviembre de 2020. En términos llanos, el condicionamiento se consideró como un chantaje en su beneficio personal. El segundo cargo es porque se negó a proporcionar diversos documentos que le solicitó la comisión de legisladores que investigaba el delito; en una abierta violación a la ley, prohibió a una docena de sus colaboradores comparecer ante dicha comisión, no obstante los reiterados citatorios que se les enviaron.
Como se esperaba, el voto se dividió entre demócratas y republicanos. Con excepción de dos representantes demócratas, los 230 restantes sufragaron condenando al presidente del delito de abuso de poder, y el total de los 197 republicanos lo absolvieron. En el caso del cargo de obstruir al Congreso en las investigaciones, 229 demócratas lo encontraron culpable y 198 republicanos lo eximieron de haber cometido tal delito.
La siguiente fase deberá iniciarse en el Senado en el momento que se reciba el veredicto de la Cámara de Representantes. Será entonces cuando los senadores comiencen el juicio mediante el que decidirán si Trump es culpable o no de los delitos que se le imputan. Considerando que los republicanos son mayoría en el Senado, es un hecho que se efectuará un juicio expedito para absolver al presidente, al menos así lo ha asegurado Mitch McConnell, líder mayoritario en ese recinto.
Hay, sin embargo, un problema. La lideresa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, decidió retener la documentación del juicio mientras el líder del Senado no asegure un juicio justo, lo que significa que se cite a varios de los testigos a quienes el presidente prohibió que comparecieran ante los congresistas.
Así las cosas, al parecer el jefe de la Casa Blanca no podrá ser absuelto mientras la Cámara de Representantes no envíe al Senado los documentos que demuestran su culpabilidad. Continuará como presunto culpable quién sabe por cuánto tiempo más, en lo que se traducirá como un empate virtual, una situación inédita en términos constitucionales que nadie sabe a ciencia cierta cómo se resolverá. Pareciera que lo que desde hace meses se diagnosticó como una posibilidad, ahora se ha convertido en realidad: el electorado será el juez último.
Lo que está por decidirse es si los ciudadanos votarán por renovar el mandato de un presidente –Donald Trump– quien es presunto culpable de cuando menos dos delitos y que no ha sido exonerado mediante un juicio que no está claro cuándo se realizará. Para todo fin práctico, si ese juicio no se efectúa en tiempo y forma pudiera ser intrascendente para los electores en el momento de emitir su sufragio. Al menos es la riesgosa carta que, al parecer, los demócratas pretenden jugar hasta ahora.
