Un empate en la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn) dejó en suspenso la resolución sobre los cambios en el fondo minero, impugnados mediante una controversia constitucional por el gobierno de Chihuahua.

Se trata del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, formado en parte por los impuestos federales aplicables a esta actividad económica, cuyos recursos antes se entregaban directamente a los gobiernos estatales y municipales, y que ahora se canalizan a los programas sociales.

El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, proponía reconocer la legitimidad de la demanda al afirmar que la administración chihuahuense sí tenía interés jurídico.

Sin embargo, este argumento no logró convencer a la mayoría de ministros, quienes consideraron que en realidad no existe ninguna afectación directa a las atribuciones del gobierno estatal.

Señalaron que las reformas sólo implicaron pasar el control del fondo del Poder Legislativo al Ejecutivo, que ahora lo administra mediante la Secretaría de Economía, y que con esto no se afectaron ni restaron atribuciones del gobierno estatal.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que el gobierno de Chi-huahua sólo tenía razones financieras y no jurídicas para su demanda.

“Está simplemente reclamando un daño económico y el daño económico no da lugar per se (por sí mismo) a un interés legítimo, no lo da ni en el amparo ni lo da en la controversia.”

Ante la división de opiniones en el pleno, Arturo Zaldívar anunció que la resolución de este caso queda pendiente hasta que se integre a los trabajos de la Suprema Corte la nueva ministra Margarita Ríos-Farjat.

El ministro reconoció que de por sí el pleno se encuentra muy dividido, por lo cual el asunto quedó en lista, y debido a que la SCJN termina su periodo de sesiones el 15 de diciembre, este caso se resolverá hasta el próximo año.