Nueva York. Con todo el enfoque en los derechos laborales en México en torno al debate para la aprobación del nuevo tratado de libre comercio entre los tres países de América del Norte, ha quedado completamente fuera la discusión, supresión, violación y anulación sistemática de esos derechos en Estados Unidos.

Esta es la potencia industrializada que más ha atacado y socavado los derechos laborales básicos. Según la evaluación anual de derechos laborales a nivel mundial elaborada por la Confederación Sindical Internacional, Estados Unidos está entre el grupo de naciones definidas por sus violaciones sistemáticas a los derechos, y en el de países en los cuales se determina que el gobierno y/o las empresas promueven esfuerzos serios para aplastar la voz colectiva de los trabajadores poniendo a los derechos fundamentales bajo amenaza. Es el mismo grupo en que se coloca a México. (https://www.ituc-csi.org/indice-derechos-2019 ).

Es el único país avanzado en no garantizar licencia por maternidad, que carece de leyes que avalen el derecho a vacaciones, y sólo junto con Corea del Sur, que no asegura días pagados por enfermedad. A la vez, tiene el salario mínimo más bajo como porcentaje del salario medio entre todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Más aún, trabajadores del sector agrario y doméstico –en gran medida inmigrantes– están excluidos de la jurisdicción de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la agencia federal encargada de vigilar, junto con el Departamento del Trabajo, el cumplimiento de las normas.

Estas condiciones, en gran medida, son resultado de estrategias empresariales y políticas antisindicales impulsadas desde finales de los 70 y de manera más agresiva con Ronald Reagan. Ahora son intensificadas con Donald Trump.

Aunque técnicamente existen derechos a la sindicalización, investigaciones del Instituto de Políticas Económicas (EPI) y de la Universidad Harvard encontraron que a nivel nacional las estrategias empresariales antisindicales violan estos derechos de manera sistemática. Detectaron en años recientes que ante esfuerzos de sindicalización, 56 por ciento de patrones amenazaron con cerrar operaciones, 47 por ciento con reducir sueldos y prestaciones y 34 por ciento despidieron a trabajadores prosindicales durante campañas para agremiarlos en violacion explícita de la ley.

Hoy, más de la mitad de todos los trabajadores que lograron establecer un sindicato no gozan de un contrato colectivo, un año después, táctica empresarial común para desalentar el movimiento. Más aún, aunque la ley otorga el derecho a la huelga en el sector privado, fallos judiciales permiten que las empresas sustituyan de manera permanente a los huelguistas al contratar nuevos empleados.

Mientras, maniobras empresariales para clasificar a sus trabajadores como contratistas en lugar de empleados, permiten evadir las protecciones laborales, algo que se ha hecho recientemente con choferes de Uber y franquicias de comida rápida, entre otras empresas, todo aprobado por la Junta Laboral en la administración Trump.

Como resultado, no sorprende que Estados Unidos se distinga entre los países avanzados por tener hoy el sector sindical más débil, con una tasa de agremiados de 10.5 por ciento de la fuerza laboral, y de apenas 6.4 por ciento en el sector privado (https://www.bls.gov/ news.release/union2.htm).

Aunque algunos argumentan que los sindicatos se han debilitado por un rechazo público, resulta que en la encuesta más reciente de Gallup, 64 por ciento de estadunidenses los aprueba, uno de los niveles más altos registrados desde 1970.

En ningún otro país industrializado las empresas luchan tan duro por mantener fuera a los sindicatos, explica Steven Greenhouse, destacado reportero laboral y autor de libros sobre el tema.

Estas políticas antisindicales han contribuido directamente a la explosión de la desigualdad de riqueza que ha llegado a niveles sin precedente en casi un siglo y que ahora define la economía estadunidense. En 1954, la tasa de sindicalización era de 35 por ciento y fue durante ese periodo que se redujo la desigualdad en ingresos a su nivel más bajo durante el ultimo siglo. De hecho, el salario por hora para el trabajador promedio hoy es inferior al de 1973 en términos reales.

Greenhouse, en su reciente libro, Beaten Down, Worked Up, resume lo ocurrido: la parte del ingreso nacional que se va en ganancias empresariales ha escalado a su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, mientras la parte del ingreso para los trabajadores (compensación de empleados incluyendo prestaciones) se ha deslizado a su nivel más bajo desde los años 40.

Y esa ofensiva antisindical de décadas se ha incrementado en años recientes, con gobernadores republicanos en varios estados anulando derechos de trabajadores del sector público y con 25 estados con leyes bautizadas como derecho al trabajo diseñadas específicamente para minar los derechos sindicales.

A nivel federal, la ofensiva antisindical con Trump es promovida desde el Departamento del Trabajo –cuyo titular, Eugene Scalia, desde siempre ha promovido los intereses empresariales– y por la entidad creada durante la era de Roosevelt para garantizar los derechos laborales: la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Con Trump éstas se han convertido en la guardia de avanzada para destripar esos derechos, reportó Los Angeles Times en días recientes.

Mark Anderson, veterano estratega sindical, quien como director de Investigaciones Económicas de la central obrera AFL-CIO guio la posición sindical estadunidense durante el gran debate trinacional sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a principios de los 90, comentó en entrevista con La Jornada que en el régimen de Trump se está haciendo en Estados Unidos exactamente lo opuesto a lo que se le está exigiendo a México en materia de derechos laborales, en la negociación del acuerdo comercial.

Anderson, quien también fue asesor del liderazgo del sindicato nacional siderúrgico USWA y del de alimentos UFCW, concluyó que el gobierno de Trump está dedicado a destruir los derechos laborales en Estados Unidos mientras se le exige a México aplicar medidas que serían más bien las que se deberían promover aquí, en beneficio de los trabajadores estadunidenses.