El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Constitución local para ampliar de uno a cuatro años la duración de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y aunque respeto el principio de no relección que había establecido el Constituyente para dicho cargo, no así el impedimento para que la misma persona presida el Consejo de la Judicatura (CJ), que es el órgano encargado de la administración del Poder Judicial local y del control y vigilancia de las funciones de jueces y magistrados.

Los diputados restablecieron además el procedimiento para la integración del CJ, que en la Constitución asentaba que sus integrantes serían designados por el Consejo Judicial Ciudadano, que recién aprobó la terna para ocupar la Fiscalía General de Justicia y deberá proponer también ternas de fiscales en materia electoral y anticorrupción.

El pleno del CJ será de nuevo integrado por quien presida al TSJ, un magistrado y dos jueces elegidos por el pleno del mismo órgano jurisdiccional; dos consejeros nombrados por Congreso de la Ciudad de México y uno por la persona titular de la jefatura de Gobierno.

El dictamen se presentó al pleno como cumplimiento a la sentencia que dictó el pasado 18 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que invalidó las porciones normativas de la Constitución local sobre la duración del cargo de presidente del TSJ de un año sin posibilidad de relección, el impedimento de que la misma persona presidiera el CJ, y el mecanismo para integrar a dicho órgano por designaciones del Consejo Judicial Ciudadano.

Lo cierto es que la base del dictamen fue una iniciativa que presentó el diputado Eleazar Rubio Aldarán, de Morena, en mayo de este año, antes de la resolución de la Corte, en la que no sólo planteaba ampliar la duración de la presidencia del TSJ y restituirlo como presidente del CJ, sino borrar del texto constitucional la figura Consejo Judicial Ciudadano.

Por otra parte, la discusión del dictamen sobre la ley de planeación se aplazó una semana a fin de que la comisión de Administración Pública Local analice cerca de 15 reservas presentadas por los legisladores.

Se preveía discutir el dictamen ayer ante el pleno; sin embargo, la presidenta de la Comisión, Guadalupe Chavira de la Rosa, afirmó que hay dudas sobre el contenido de la ley; por ejemplo, en las atribuciones del Instituto de Planeación.

La Constitución local tenía como plazo el 30 de abril para su entrada en vigor, que el Congreso prorrogó mediante una reforma al 5 de septiembre, que tampoco cumplió y éste 5 de diciembre debió haber entrado en vigor la Ley Orgánica del instituto.