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Congreso nayarita aprueba penas más duras para feminicidios y acoso sexual
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 30 de noviembre de 2019, p. 25

Tepic, Nay., El Congreso de Nayarit aprobó penas más severas para los delitos de feminicidio, acoso y hostigamiento sexual, además establecieron como transgresión autónoma la violencia política contra la mujer, la cual tendrá un castigo de dos a seis años de prisión.

Durante la sesión pública ordinaria que se realizó en la Cámara local se aprobaron las reformas presentadas por las legisladoras Karla Flores Parra (PRI), Rosa Mirna Mora (PAN) y Érika Jiménez Aldaco (PRD) al artículo 361 bis del Código Penal.

Para el feminicidio establecieron una pena de 40 a 60 años de prisión y una multa de 500 a mil días.

En el caso del hostigamiento y acoso sexual, la reforma que presentó la diputada Rosa Mirna Mora Romano previene que si el hostigador es servidor público y además utiliza medios que sean proporcionados por el encargo que desempeña en ese momento, será destituido y se le impondrá la inhabilitación para ocupar cualquier otro puesto público de dos a tres años.

Castigarán violencia política

Para la violencia política contra las mujeres que busquen ascender por un cargo en la administración pública y sufran violencia en dicho rubro, el agresor será castigado con dos a seis años de cárcel y con 50 a 300 días de multa.

En esta misma sesión se aprobó un exhorto al alcalde de Santiago Ixcuintla, Rodrigo Ramírez Mojarro, para que lleve a cabo las acciones necesarias y garantice una vida libre de violencia para las mujeres del municipio que gobierna.

El pasado miércoles, el alcalde destituyó a su esposa Paloma López Barrios del cargo como presidenta del DIF municipal, y a 11 de sus colaboradoras, luego de que todas aparecieron en redes sociales fotografiadas con Any Porras Baylón, considerada potencial candidata a la misma alcaldía en 2021, pero por un partido político distinto al de Ramírez Mojarro, quien llegó al cargo por una alianza entre el PAN y el PRD.

El alcalde argumentó que desconfió del sesgo político que el trabajo social del DIF pudiera tener en el municipio y en un acuerdo con su esposa se decidió que ella ya no siguiera en dicho encargo.

La destitución de Paloma López Barrios solidarizó a diputados locales y federales porque consideraron que el edil ejerció violencia política en contra de su pareja, por lo que también fue denunciado ante la Fiscalía General de Nayarit por esa situación.