Morena en la Cámara de Diputados presentó una nueva iniciativa con proyecto de decreto de Ley Federal de Remuneraciones, con la que responde a la resolución de la Suprema Corte, que exige al Congreso dotar de un marco legal al tope salarial de todos los funcionarios para que ninguno de ellos gane más que el Presidente de la República. La propuesta deberá ser aprobada en el Congreso antes del 15 de diciembre, para que pueda aplicarse en 2020.

Pablo Gómez Álvarez, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, dio a conocer la propuesta que responde al Poder Judicial respecto de las deficiencias legislativas en la norma vigente. Así, se ponderó la posibilidad de reformar la ley o presentar una nueva norma. Se optó por la segunda, que constituye una reconfiguración que permita el establecimiento de nuevos conceptos, factores, procedimientos y referencias, sin que ello reporte riesgo de disonancia en el sistema que la propia ley genera y en sus principios.

La propuesta se subió a la mesa directiva, que la turnó a la Comisión de Gobernación, y ésta deberá procesarla esta semana, para devolverla al pleno dictaminada; en seguida será votada y enviada al Senado para su ratificación.

Gómez Álvarez expuso que la propuesta de ley coloca límites infranqueables –para el Poder Ejecutivo y el Congreso–, a través del denominado producto interno bruto per cápita y del producto interno per cápita de referencia, con la finalidad de que nadie gane más que el Presidente de la República.

Nadie puede ganar más que él, el suyo es el máximo salario del Estado mexicano, y eso lo dice el artículo 127 de la Constitución.

Expuso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, aprobado la semana pasada, se establece que el salario anual de los consejeros del INE ascenderá a un millón 716 mil pesos, lo cual implica que no ganarán más que el Presidente de la República.

Pablo Gómez adujo que la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados –Morena– no tiene ningún problema con los órganos autónomos, que éstos surgen del Congreso y tienen la obligación de transparentar sus actividades y su gasto. La mayoría parlamentaria no tiene ningún conflicto con los consejeros electorales, reiteró.

Anticipó que una vez aprobada la nueva ley, la Corte estará en vías de sobreseer los 24 mil amparos contra la norma vigente, y después de eso se presentarán otros contra la nueva norma.