l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que su gobierno tiene la intención de calificar a los cárteles mexicanos de organizaciones terroristas. De adoptarse, tal medida obligaría a las instituciones financieras estadunidenses a bloquear cualquier cuenta vinculada con dichas agrupaciones o sus integrantes, así como a reportar a las autoridades de su país acerca de la existencia de los fondos manejados, además de prohibir el ingreso a territorio estadunidense y permitir la deportación de cualquier persona señalada como miembro de un grupo terrorista.

Más allá de los efectos señalados, la pretensión del mandatario republicano tiene implicaciones muy graves para la relación bilateral y para la vida interna de México.

En primer lugar, debe recordarse que la política antiterrorista de Estados Unidos se sustenta en una serie de disposiciones aprobadas durante la administración de George W. Bush (2001-2009), las cuales se caracterizan por su autoritarismo discrecional, en lo interno, y en lo externo por un desprecio de las soberanías nacionales que consagra la intervención armada contra cualquier país en una prerrogativa de quien se encuentre al frente de la Casa Blanca.

Además, la invocación de la lucha contra el terror genera una serie de problemas de índole económica, toda vez que lleva aparejada la posibilidad de imponer sanciones a un Estado –en este caso, el nuestro– cada vez que, según el juicio totalmente arbitrario de Wa-shington, éste no cumpla un papel satisfactorio en el combate a las actividades terroristas.

Por otra parte, resulta notorio que la clasificación de las bandas de narcotraficantes como organizaciones terroristas pondría a los mexicanos a ambos lados de la frontera en una situación muy precaria, tanto por el injerencismo en materia de seguridad y las agresiones económicas a que puede dar lugar, como porque exacerbaría la xenofobia antimexicana entre amplios sectores de la sociedad estadunidense más de lo que ya lo ha hecho el discurso racista de Trump en los años recientes.

En ese contexto, cabe recordar que entre 2017 y 2018 los crímenes de odio contra personas de origen hispano se dispararon 41 por ciento, según la Oficina Federal de Investigaciones estadunidense (FBI).

Aunque es probable que el magnate haya manifestado sus intenciones llevado por motivos electorales (pues atizar la percepción de México como un país al borde del colapso es una carta recurrente de políticos republicanos en tiempos de elecciones), lo cierto es que la mera expresión de este propósito tiene incidencias prácticas sumamente preocupantes.

Como señaló el canciller Marcelo Ebrard, se trata de una pretensión inadmisible que implicaría la intervención de Washington en territorio nacional y en asuntos que competen exclusivamente a México y además carece de cualquier justificación, toda vez que ignora la tajante diferencia entre terrorismo y delincuencia organizada.

En suma, el anuncio de Trump constituye una amenaza grave que la sociedad y el gobierno mexicanos deben rechazar de manera frontal y contundente.