Desde la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega manda, ordena y reprime. Pero no gobierna ya, asegura el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de dos de los medios de comunicación confiscados por el régimen de Managua, la revista Confidencial y el programa de televisión Esta Semana.

El ex sandinista, que durante los años de la revolución (1979-1990) dirigió el diario oficial Barricada, de donde fue expulsado en 1994, está exiliado desde hace 10 meses en Costa Rica.

Sostiene en entrevista que para la oposición, que desde abril de 2018 exige una reforma electoral que permita a los ciudadanos ir a las urnas con mínimas condiciones de legitimidad, el desafío de la rebelión sigue vivo: En medio de un estado de excepción, donde marchas, reuniones y libertad de expresión están proscritas, los sectores populares y estudiantiles se siguen manifestando con mucha creatividad, aunque sin presencia en las plazas.

Reconoce que existe una fuerte presión internacional, sobre todo desde Estados Unidos, para forzar una salida de Ortega del gobierno. Pero Nicaragua no puede poner su futuro en manos de Estados Unidos. Aquí hay un proceso propio que es el de la conformación de esta gran coalición nacional; va más allá de lo electoral para sustituir a la dictadura de Ortega por una vía cívica. No es un movimiento insurreccional armado, es inédito.

Y así lo describe: Es un movimiento genuino, auténtico, horizontal y sin líderes. Ahí radica su fuerza y ahora representa una nueva mayoría. Es cierto que ya no son las grandes marchas de abril y mayo del año pasado.

El reto de la sociedad es avanzar

En el restringido margen que deja el virtual estado de sitio, la gente ha encontrado el modo de seguir protestando, explica. Unos, mezclándose en las procesiones religiosas con sus banderas blanco y azul, con la bendición de los curas. Otro, corriendo para correr a Daniel, como rezaba el rotulito que portó por todo el país un famoso maratonista, Alex Vanegas, hasta que tuvo que exilarse. Otra baila folclor para llamar la atención sobre la inconformidad contra los Ortega. Y un grupo de mujeres ex presas políticas que se identificaron como La banda del pico rojo se pintan la boca para salir a protestar. Lo más reciente, la llamada marcha de la burla, organizada por estudiantes.

El reto de esta multitud, que Chamorro llama una nueva mayoría, es romper el impasse que siguió a la ruptura de los dos procesos de diálogo a los que convocó la Conferencia Episcopal el año pasado y en marzo de este.

En esas mesas no se logró la meta central, que es la reforma política y la restitución de los derechos de la gente, pero al menos sí se consiguió colocar en la agenda nacional el tema de los derechos humanos, lo que obligó al gobierno a liberar a la mayoría de los más de 700 presos políticos. Aún están encarcelados 138.

“Es imperativo el levantamiento del estado de excepción –asegura–. Sin ese paso no se puede participar en un proceso electoral. Ortega se comprometió con la Alianza Cívica, teniendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Vaticano como testigos, a restablecer las libertades de democráticas y no cumplió.

Es imprescindible, por lo tanto, intensificar la presión nacional e in-ternacional sobre el régimen, exigiendo la reinstalación de los dere-chos constitucionales: libertad de reunión, movilización, prensa y expresión, y el desarme de los paramilitares. Solamente así se despejará el camino a una reforma para ir a elecciones libres.

–¿Eres optimista de que esto se logrará?

–Lo soy porque Daniel Ortega no tiene salida, su régimen atraviesa una crisis terminal. Hace poco me dijo el obispo de Matagalpa: Se ha perdido el miedo. Y es así.

Para castigar la adhesión de los sacerdotes a la resistencia y a las protestas el régimen ha llegado al extremo de confiscar las importaciones del vino de consagrar. Un rasgo de la Nicaragua macondiana que persiste.

Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, director del periódico La Prensa, asesinado por Somoza Debayle en 1978, y de Violeta Barrios de Chamorro, quien venció en las elecciones presidenciales de 1990 a Daniel Ortega, Carlos Fernando decidió, tras la derrota electoral del Frente Sandinista, trasladar al periodismo el debate de autocrítica en el que se sumergió el partido que había derrocado con las armas a la dictadura en 1979.

Muchos concluimos que tuvimos una cuota de responsabilidad en el ingrediente autoritario que hubo en la época de la revolución y en la guerra civil que existió, paralela a la brutal guerra de agresión de Estados Unidos. Y yo entendí que la reconstrucción de un pensamiento de izquierda no puede estar divorciado de la democracia, de los derechos humanos ni del concepto de-libertad. Por publicar esas ideas en Barricada fue expulsado del diario en 1994.

En enero de este año fue orillado a pedir protección a la vecina Costa Rica cuando, por órdenes del gobierno, la policía nacional se tomó las oficinas de Confidencial y Esta Semana. En ese contexto supo que se preparaba un operativo para arrestarlo, como lo fueron en esos días otros dos periodistas, Manuel Mora y Lucía Pineda, del noticiero 100 por ciento Noticias, acusados de terrorismo e incitación a la violencia.

–¿Cómo describir lo que hoy en día es el sandinismo orteguista y su núcleo duro?

–Queda una maquinaria política leal a Daniel Ortega, no así a Rosario Murillo. El cemento de este núcleo es el caudillo y el acceso a los recursos económicos del Estado. Según las encuestas, si Ortega fuera candidato hoy tendría un 20-25 por ciento de los votos. Es decir, sí hay un voto duro. Pero si la oposición logra agruparse en una coalición fuerte, en una elección competitiva ni Ortega, ni Murillo, ni ningún otro candidato del oficialismo tiene posibilidad alguna.

En búsqueda de la reforma política electoral

–¿Está muerta la posibilidad de retomar una reforma política y electoral?

–No, está en la agenda. Lo que hay es un impasse y yo sostengo que este no se va a romper por inercia.

–¿Cómo, entonces?

–Hay que poner atención en la economía. Este año la economía nicaragüense va a tener un decrecimiento aunque esto no es suficiente para que Ortega se sienta obligado a negociar.

–¿Y la presión internacional?

–Tampoco va a funcionar por sí sola. Tiene que ser simultánea a la presión nacional. Si el movimiento popular no logra retomar las calles va ser muy difícil volver a colocar el tema de la reforma política. Es un elemento clave.

–El plazo constitucional que tiene Daniel Ortega para unas nuevas elecciones es en 2021. ¿Si las convoca Ortega, qué legitimidad tendrán?

–Si vuelven hacer elecciones como en 2016, ilegítimas, sin competencia real, posiblemente no va a tener esta vez reconocimiento diplomático.

–La polarización está a su máxima expresión…

–Sí, y también el discurso del odio a cargo principalmente de Rosario Murillo, que ha llamado a la oposición bacterias, comejenes, hijos del diablo. Y esto alimenta a un núcleo muy fanatizado de seguidores y paramilitares que han estado ejecutando gente.