as calles de las principales ciudades de Colombia fueron tomadas ayer por cientos de miles o más de un millón de manifestantes –dependiendo de si se citan cifras oficiales o de la Central Unitaria de Trabajadores– en protesta por la descarnada política económica neoliberal seguida por los gobiernos recientes, en demanda de mayor presupuesto para educación, en defensa de los derechos laborales y en repudio a los asesinatos de campesinos e indígenas –129 desde que el presidente, el derechista Iván Duque, tomó posesión, hace poco más de un año– y a la violencia de género. Aunque las movilizaciones fueron pacíficas en su mayoría, hubo episodios de violencia en Bogotá y en Cali, ciudad en la que se decretó toque de queda. El saldo de heridos fue de 37 y el gobierno reportó la detención de 34 personas.

Como ocurrió en Chile hace un mes, el malestar social llegó a un punto de hartazgo ante un gobierno empeñado en recortar derechos, ahondar desigualdades y manejar la administración pública en función de los intereses de una minoría oligárquica y no de la población en general. Uno de los detonantes más claros de la eclosión de descontento fue la reforma al sistema de pensiones y, otro, el abandono presupuestal de la educación. A ellos se agrega el incumplimiento generalizado por parte de la presidencia de Duque de los Acuerdos de Paz, firmados en La Habana entre el mandatario anterior, Juan Manuel Santos (2010-2018), y las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos integrantes crearon el actual partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La renuencia gubernamental a llevarlos a la práctica ha creado un clima de violencia en que han sido asesinados centenares de dirigentes sociales comprometidos con el proceso de paz y el rearme de grupos disidentes de la vieja organización guerrillera.

La convergencia de esos y otros malestares, descontentos y rabias en el paro nacional realizado ayer encuentra a Duque en un momento de debilidad, tras la derrota sufrida el mes pasado por su partido en las elecciones locales, en las que perdió las alcaldías de Bogotá y Medellín –la segunda se consideraba plaza fuerte del ultraderechista ex presidente Álvaro Uribe, mentor político del actual mandatario– y en momentos en que su índice de aprobación apenas llega a 31 por ciento. Por añadidura, Uribe fue recientemente vinculado a proceso y enfrenta un juicio por soborno, fraude y manipulación de testigos.

En los días previos a las movilizaciones de ayer, el oficialismo lanzó una campaña de propaganda advirtiendo del supuesto carácter violento y antidemocrático de las manifestaciones y emitió, paradójicamente, amenazas de reprimir a quienes salieran a protestar. Más allá de los hechos de violencia registrados, es claro que ni las marchas tuvieron un sentido vandálico ni el gobierno se atrevió a lanzar una represión masiva, temeroso acaso de los efectos contraproducentes que podría tener una carga policial contra la sociedad en las calles, como ha ocurrido en Chile y, anteriormente, en Ecuador.

Cabe esperar que el gobierno de Duque sea capaz de escuchar lo que pide gran parte de la población en las calles. Si no es capaz de hacerlo y se empecina en mantener sus políticas antipopulares contra viento y marea, podría llevar a Colombia a una inestabilidad política de consecuencias imprevisibles.