n unas cuantas semanas más se conocerá el aumento al salario mínimo consensuado por el Consejo de Representantes (gobierno, patrones y obreros) de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y, aunque hasta el momento no hay nada en concreto ni un anuncio formal, en el ambiente laboral se menciona la posibilidad de que el alza sea sustancial, siempre en línea con la política del presidente López Obrador de recuperar la brutal pérdida de poder adquisitivo del miningreso.

El 17 de diciembre de 2018 se anunció formalmente que en 2019 el salario mínimo general diario en el país sería de 102.68 pesos (aumento de 16.2 por ciento), con la salvedad de que en la frontera norte tal indicador llegaría a 176.72 pesos (incremento de 100 por ciento). Al respecto, el mandatario mexicano subrayó que tal decisión es un acto muy importante, se puede decir histórico, porque iniciamos juntos una nueva etapa en la política salarial de nuestro país. El incremento superior en la frontera norte representa una última cortina de desarrollo para evitar la migración forzada.

Sin duda se trató de una decisión importante, pero insuficiente a todas luces, dado que el poder adquisitivo del salario mínimo prácticamente desapareció en los pasados 40 años, y si bien el incremento de 2019 y el que se cocina para 2020 son relevantes, en realidad falta mucho terreno que recuperar. De hecho, si se comparan el salario mínimo general vigente en nuestro país y el que se paga en Estados Unidos (promedio federal), la diferencia es de 11 tantos.

Pero al grave problema de pérdida de poder adquisitivo acumulado se suma la cancelación de plazas mejor remuneradas. Como bien lo detalla el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), la 4T enfrenta un problema sistémico que sigue avanzando: la destrucción de empleo que paga más de tres salarios mínimos. Durante 40 años el Estado mexicano no ha logrado establecer una estrategia de política económica que genere crecimiento económico vigoroso y sostenido que a la vez propicie mayor desarrollo social.

De acuerdo con el IDIC, la magnitud del problema lo hace evidente: aumenta la población, pero se destruye empleo bien pagado, particularmente el que genera ingresos superiores a tres salarios mínimos. En el nuevo milenio se ha exacerbado la desaparición de empleo bien remunerado: ahora más mexicanos deben competir por un número menor de ocupación y empleo que les otorgue un buen ingreso económico.

Y le pone números al problema: entre 2005 y 2019 la precarización del mercado laboral se generalizó en México, pues el aumento de la población total en ese periodo fue de 18 millones de personas, de los que 13 millones se incorporaron a la población económicamente activa, es decir, mexicanos que requieren un empleo.

El problema que enfrentaron, así como los ya presentes en el mercado laboral, fue la pérdida sistemática de empleo bien remunerado, lo que se ha observado en los pasados 15 años (de finales del sexenio foxista al cierre de Peña Nieto; con AMLO se observa una ligera mejoría, pero aún no sustantiva). Lo delicado de la situación se resume en un hecho: en ese lapso, todos los estados de la república registraron un retroceso en el número de personas ocupadas con un empleo que genera un ingreso superior a cinco salarios mínimos; se perdieron más de 2.5 millones.

La Ciudad de México fue la entidad más afectada con una pérdida de 323 mil 600 plazas (12.7 por ciento del total). En segundo lugar, el estado de México (283 mil 800 puestos, 11.1 por ciento del total). Baja California (-220 mil 800), Nuevo León (-165 mil 700 mil) y Veracruz (-147 mil 900) fueron las otras entidades que contabilizaron las mayores reducciones.

La situación en la Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Morelos y Guerrero fue aún más delicada, porque ninguna de esas entidades elevó la cantidad de ocupación y empleo asociada a remuneraciones siquiera de entre dos y tres salarios mínimos.

Las rebanadas del pastel

Ayer se conmemoró la ¿revolu… qué?

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