Las irregularidades cometidas en el proceso de designación de Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son la base de la argumentación jurídica de algunos de los amparos que han solicitado los siete candidatos inconformes con la llegada de la luchadora social al organismo, señaló el jurista Santiago Corcuera.

En entrevista con La Jornada, el ex integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) explicó que en la solicitud de amparo donde él participa como asesor, el núcleo de la inconformidad es que no se respetaron las normas que debían regir la conformación de la terna y la votación de la misma en el Senado.

En general, la demanda versa sobre las irregularidades en el proceso, y muy especialmente en la violación al Artículo 102, apartado B, de la Constitución Política, que dice que debió alcanzarse la cantidad necesaria de votos (para nombrar al nuevo titular de la CNDH), lo cual no se dio así, porque no se contaron 116 votos, sino sólo 114, indicó.

Por otro lado, los promoventes del amparo afirmaron en sus escritos que al no alcanzarse las dos terceras partes de los votos de los senadores para nombrar a la ombudperson, y una vez realizadas tres rondas de votación, lo conducente en ese caso era conformar una nueva terna, en vez de persistir con ese mismo grupo de finalistas.

El no haber cumplido con lo anterior, comentó Corcuera, pone una nube de sospecha, en el sentido de que primero quisieron volver a votar para ver cuántos senadores había en el recinto, pero al darse cuenta de que no les alcanzaba, decidieron votar en contra de repetir el conteo. Por eso quedó ese batidillo, ese cochinero en el que Piedra tomó posesión.

De igual manera, el jurista lamentó que en la ceremonia de toma de protesta, la nueva titular de la CNDH haya sido tomada de la mano, casi como un títere (para que jurara su cargo). Mancillaron la dignidad de la mujer, pero ella misma se prestó a ese espectáculo tan deplorable. Si ella no hubiera aceptado, eso no hubiera sucedido.

Sobre las posibilidades de éxito de los amparos que los candidatos inconformes interpusieron, Corcuera estimó que va a ser una lucha legal muy difícil, que tiene muchos obstáculos, pero por supuesto hay que llevarla adelante, porque si les rechazan el amparo o lo declaran improcedente, se violaría la Convención Americana de los Derechos Humanos y seguramente se pensaría en acudir a medios de presión internacional, como los Relatores de la ONU.