l mero día guadalupano de 1998 –12 de diciembre– la Cámara de Diputados legalizó uno de los mayores atracos al pueblo de México: el rescate bancario –iniciado de manera masiva en 1995, por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y con ese motivo un jubiloso José Angel Gurría, secretario de Hacienda del gobierno zedillista, se animó a decir que la acción responsable y constructiva de los legisladores contribuirá a la reducción de su costo fiscal.

Por aquellos ayeres los pasivos totales del Fobaproa (desde entonces transformado en Instituto de Protección al Ahorro Bancario –IPAB–, por decisión de panistas y priístas) rondaban 600 mil millones de pesos y los barones de la banca, salvados y rescatados, se dedicaron a acumular utilidades a más no poder.

Casi un cuarto siglo después de aquel atraco y la consecuente celebración del compacto grupo neoliberal instalados en el gobierno, y tras el permanente desembolso –año tras año– de miles y miles de millones de pesos del erario, tal saldo negativo supera el billón de pesos, con lo que se confirma –por si hubiera duda– el latrocinio del Legislativo y la desfachatez de Gurría y Zedillo, quien actuó como simple procurador para la defensa del capital financiero (López Obrador dixit).

Así, en un par de años de dicha legalización, en diciembre de 1998 al cierre sexenal de Zedillo en 2000, los pasivos totales del IPAB crecieron de 600 mil a 696 mil millones de pesos; en el gobierno de Fox, a 750 mil millones; en el de Calderón (uno de los responsables del atraco) a 885 mil millones, y en el de Peña Nieto, a un billón 32 mil millones. A septiembre de 2019, ya con López Obrador en Palacio Nacional, tal saldo cerró en un billón 59 mil millones.

El saldo de los pasivos del Fobaproa-IPAB ha crecido de manera permanente e inmisericorde, con todo y que cada año se desembolsan multimillonarias cantidades para –supuestamente– reducir el costo fiscal (Gurría dixit), en tanto que, de forma paralela y en igual periodo, las utilidades acumuladas por la banca privada que opera en México superan un billón 600 mil millones de pesos.

Sirva lo anterior para contextualizar la información publicada ayer por La Jornada (Israel Rodríguez): al concluir septiembre pasado la deuda por el rescate bancario creció 97 millones 500 mil pesos diarios, al pasar de un billón 32 mil 236 millones, alcanzados en diciembre de 2018, a un billón 58 mil 567 millones, aumento de 26 mil 331 millones entre diciembre de 2018 y el noveno mes de 2019, revelan informes del IPAB.

Así, la deuda bancaria, lejos de bajar, subió 1.25 por ciento en los últimos nueves meses en términos reales; es decir, descontando los efectos inflacionarios.El monto total de ese débito, a cargo de los contribuyentes mexicanos, es cercano a los ingresos tributarios captados por los impuestos al valor agregado (IVA), el especial sobre producción y servicios (IEPS) y a gasolinas y diésel obtenidos entre enero y septiembre pasados, periodo en el que ascendieron a un billón 144 mil millones de pesos.

La deuda bancaria es resultado, primero, de la intervención y saneamiento. Después, del programa de capitalización y compra de cartera implementado entre 1996 y 1997 por el Fobaproa, ahora IPAB, el cual compró a los bancos créditos incobrables que se tradujeron en un fuerte incremento del costo fiscal del rescate y, en cambio, redujeron las pérdidas de bancos, accionistas o grandes deudores, que los transfirieron al Fobaproa.

Las rebanadas del pastel

Para la memoria: “PRI y PAN resolvieron el problema de banqueros y gobierno, pero condenaron a los mexicanos a la pobreza y el hambre; Acción Nacional se mostró como un partido conservador, retardatario y palero, mientras Zedillo actuó como simple procurador para la defensa del capital financiero. El día de la legalización pasa a la historia como uno de los más vergonzosos del México independiente (AMLO, presidente nacional del PRD, 13 de diciembre de 1998).

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