Ante las irregularidades detectadas en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) con la operación de los sistemas de actuación por cooperación (SAC), como las Granadas, La Mexicana y Alameda-Reforma durante la pasada administración, el pleno del Congreso capitalino aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) un informe pormenorizado de la fiscalización aplicada a la dependencia, así como los nombres y cargos de los funcionarios responsables.

A partir de una proposición de punto de acuerdo presentada por diputados de Morena, PAN y PES, se aprobó además instalar una mesa de trabajo de diputados que integran las comisiones de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior, de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda, y de Planeación del Desarrollo, con los titulares de la ASCM, David Manuel Vega Vera, y Seduvi, Ileana Villalobos Estrada, a fin de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas a la dependencia y los procedimientos penales y administrativos que se hayan iniciado o se promuevan derivados de dicha auditoría.

El informe de la auditoría estableció múltiples irregularidades, como la falta de controles de la Seduvi para dar trámite a las solicitudes para constituir los SAC; de supervisión para garantizar transparencia y claridad en el manejo de los bienes y recursos aportados por las empresa desarrolladoras y omisiones para captar más de 656 millones de pesos de dichas aportaciones, así como deficiencias en el seguimiento a la ejecución de obras y proyectos.

Entre los puntos de la proposición aprobada ayer se solicitó a la ASCM que con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, relativa a la determinación de daños y perjuicios por actos u omisiones detectadas en las auditorías, comunique al Congreso el nombre de los funcionarios contra los cuales se ha promovido el inicio de procedimientos, además de las posibles denuncias o querellas iniciadas en relación a las irregularidades derivadas del SAC que operan actualmente.

No debemos permitir que estos hallazgos vayan al cesto de la basura como tantas corruptelas que año con año la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría Superior de la Ciudad de México encuentran y que por falta de seguimiento del Congreso no se castigan, señala el punto de acuerdo aprobado.