l régimen de Trump –según cifras oficiales– ordenó y realizó el secuestro de más de 5 mil niños migrantes. El presidente y los encargados de implementar esa medida, desde su gabinete hasta los jefes de agencias migratorias, y los oficiales que físicamente cumplieron las órdenes de arrancar a los niños de los brazos de sus padres, todos siguen impunes ante el mundo.

Los niños fueron separados cuando sus familias intentaban ingresar a Estados Unidos sin documentos y desaparecieron durante días, semanas y meses con la llamada política de cero tolerancia diseñada e implementada por este régimen.

Fue por una demanda legal de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que resultó en una orden judicial del juez federal Dana Sabraw, hace 16 meses, lo que obligó al gobierno a identificar el número de niños afectados para que fueran reunificados con sus familias.

El régimen de Trump primero reveló hace meses que eran 2 mil 814 niños los afectados por estas medidas. Hace una semana, casi año y medio después de la orden judicial para contabilizar a todos, resulta que detectaron otros mil 556 niños que habían separado de sus familias. La mayoría tenían 12 años o menos; unos 300 de ellos tenían sólo cinco años o menos. De los mil 556 recién revelados que fueron separados entre julio de 2017 y junio de 2018, cinco de ellos no habían cumplido un año de edad, 26 tenían un año, 40 tenían dos años, 76 tenían tres y 60 tenían cuatro.

Más aún, el gobierno informó que había separado a otros mil 90 menores supuestamente por protegerlos de padres abusivos, algo que disputan abogados.

O sea, en total, por lo menos 5 mil 460 niños fueron separados de sus familias por el régimen de Trump. Estas son las dimensiones de esta crueldad.

¿Como es posible justificar tal barbaridad?

El régimen de Trump se atrevió a decir que era para proteger el bienestar de los niños al disuadir a sus familias de intentar hacer ese peligroso viaje, al mostrar que sólo les esperaba la separación y detención de sus hijos (el gobierno de Obama justificó medidas –aunque menos extremas– contra el flujo de menores con un argumento parecido).

Otros son más sinceros: la razón por la crueldad es aterrorizar. Hasta cristianos conservadores cercanos a Trump afirman que las separaciones familiares son un castigo apropiado para los que deciden ser inmigrantes ilegales según Ralph Drollinger, pastor que se encarga de enseñanza de la Biblia al gabinete de Trump.

¿Pero cuál es la justificación de los gobiernos, partidos, organizaciones del mundo de no presentar cargos contra Washington por abuso, secuestros, tortura y tráfico de los hijos del mundo, incluyendo sus propios ciudadanos –en su mayoría latinoamericanos– que han tenido que padecer este tratamiento inhumano?

Todos han visto a sus niños en jaulas y los reportajes –algunos extraordinarios– en los medios, los reportes de organizaciones de derechos humanos y los informes de los pediatras que han denunciado el trauma y daño permanente que esto ha causado en miles de niños.

¿Y ese silencio de todos aquellos que se congratulan de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (por cierto, el único país que no ha ratificado la convención es Estados Unidos) y otras relevantes de las cuales les encanta hablar en instancias multilaterales como la ONU y esa OEA tan preocupada por los derechos, aunque sólo en ciertos países?

Seguramente algunos explicarán, como siempre, que es más importante la diplomacia pragmática y no entorpecer otras prioridades como acuerdos de libre comercio, inversión e iniciativas de cooperación y evitar provocar problemas con este régimen. A ver quién le explica eso a los niños que todos dejamos abandonados.

A pesar del ruido de algunas condenas y reprobación de diversos sectores y organizaciones civiles dentro y fuera del país, no hay consecuencias para los responsables.

Eso no es culpa de ellos, es culpa de todos nosotros aquí y en el mundo. ¿No es hora de aplicar la cero tolerancia a Washington en nombre de estos 5 mil 460 niños?