panicada y rabiosa, la cúpula empresarial dirige sus baterías contra todo aquel que intente modificar el outsourcing (subcontratación o tercerización, como quiera llamársele), uno de los muchos cuan generosos regalos de Felipe Calderón al capital privado, legalizado al cierre de su sexenio (septiembre de 2012) y cínicamente maquillado de reforma laboral.

Con la promesa –incumplida, desde luego– de que incorporaría a la economía formal a millones de trabajadores, el regalito calderonista –avalado por el gobierno entrante de Peña Nieto– permitió que la subcontratación de personal creciera como la espuma y junto a ella las ganancias de las empresas dedicadas a esas prácticas, con el pilón de una creciente evasión fiscal.

El outsourcing es una práctica patronal de larga data que, con el pretexto de generar empleo formal, permite despojar a los trabajadores de sus derechos e incrementar sustancialmente las ganancias del capital privado, por medio de la evasión fiscal, salarios de hambre, prestaciones inexistentes y sistemática violación de la Ley Federal del Trabajo. Lo mejor del caso es que el cínico de Felipe Calderón se autodenominó presidente del empleo.

Transcurridos siete años desde aquel ominoso regalo calderonista (palomeado por las bancadas priístas y panistas), el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia –dirigente minero y líder de la recién creada Confederación Internacional de Trabajadores– promueve modificaciones legales para que se respeten íntegramente los derechos laborales y se combata la evasión fiscal que dicho obsequio no sólo permite, sino que estimula en beneficio del capital privado y en contra de la nación.

De acuerdo con el dirigente, a estas alturas en México más de 7 millones de trabajadores padecen el outsourcing –salvaje a más no poder–, y son explotados por cerca de 400 empresas creadas ex profeso, que obtienen multimillonarias ganancias a costillas de terceros. Un caso representativo es el de la banca que opera aquí. Por ejemplo, el imperio BBVA-Bancomer: 40 por ciento de sus utilidades globales las obtiene en México, en nuestro país oficialmente sólo tiene a una persona registrada en nómina: el director general, y el resto va por afuera y son miles, de acuerdo con reportes de la CNBV.

Gómez Urrutia públicamente ha convocado a la patronal a analizar el alcance de la iniciativa legal por él promovida, pero debe haber conciencia social y responsabilidad empresarial de que el país no puede avanzar en esas condiciones, pues además estarían arriesgando la estabilidad laboral del país; se trata de mejorar las condiciones laborales y garantizar derechos, entre ellos los de seguridad social; hay que evitar el incumplimiento empresarial en materia fiscal y con el IMSS.

¿Respuesta de la patronal? Histeria, amenazas y, como siempre, apocalípticos vaticinios si le quitan su regalo calderonista. ¡Claro! Se estima que estarían en juego unos 5 mil millones de pesos en ganancias privadas. De allí que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por ejemplo, use a ex funcionarios peñanietistas (supuestamente dedicados a la educación pública) y plumas pagadas, para divulgar dichos augurios y espantar con el petate del muerto de que revisar el tema del outsourcing pone en riesgo la aprobación del T-MEC.

En 2012 el CCE exigía eliminar candados innecesarios y limitantes excesivas en outsourcing, porque pueden limitar el adecuado funcionamiento de las nuevas modalidades de contratación y otros avances. De no hacerlo, chantajeaba, se cerraría la posibilidad de cientos de miles de oportunidades de empleo y acabaría con muchos puestos de trabajo existentes. De lo bien que les ha funcionado el regalito da cuenta que dos de cada tres trabajadores se ocupan en la informalidad, con ingreso miserable. Y la evasión fiscal, en nombre de la libre contratación, galopa a gusto.

Las rebanadas del pastel

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