n diciembre de 2015 el entonces secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, otorgándoles todos los honores, pasó al retiro a cinco generales de división, el máximo grado en el Ejército. El retiro significa que dejan de tener tropas a su mando, pero reciben una generosa pensión. Uno de elllos, el general Carlos Gaytán Ochoa, fue retirado sin cumplir la mayor ambición de su vida: convertirse en secretario de la Defensa. Había sido director general del Banco del Ejército y subsecretario de la Defensa. Su nombre ha sonado en estos días porque en una reunion de jefes militares retirados y en activo, y ante la presencia del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, expresó algunos conceptos insólitos. El militar en retiro dijo que la sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda. No ofreció ninguna prueba para sostener su opinión. Es explicable su posición hacia la izquierda: recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas del Ejército estadunidense y sirvió a presidentes del neoliberalismo, de Zedillo a Peña Nieto. Además, sin referirse a un hecho concreto, añadió: Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. Tendría que precisar a qué se refirió específicamente. El gobierno de López Obrador ha dado un giro hacia la búsqueda de la pacificación sin continuar la guerra que ha dado pocos resultados y tiñe de sangre al país, sino atacando las estructuras financieras y mejorando las condiciones de vida de la gente. Ese vuelco tiene un efecto que no se ha analizado suficientemente: disminuirá el negocio de la compra de armas y equipos militares. Afectará los intereses de los que hacían negocios con el sector militar desde adentro y desde afuera. Como en el caso de las medicinas y los laboratorios, hay perdedores. El general Gaytán Ochoa, que alguna vez manejó miles de millones de pesos desde Banjercito –con cuestionamientos de la Auditoría Superior– debería ser más explícito sobre el origen de sus inconformidades, que pudieran ser justificadas, pero falta claridad a sus palabras.

Chamaqueada

Cuando creíamos que íbamos a tener un fin de semana tranquilo, dedicados a la conmemoración de los difuntos, un hashtag se hizo tendencia en Twitter: #OlgaExigimosTuRenuncia. Sucedió que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asistió a la toma de posesión del gobernador de Baja Califonia, Jaime Bonilla. Terminada la ceremonia, pasaron a una sala privada y ahí fue filmada cuando decía que, de acuerdo con la norma, había sido legal que protestara para un periodo de cinco años. Antes, en el Senado, había dicho que extender el periodo de dos a cinco años sería inconstitucional. Se disculpó diciendo que no sabía que estaba siendo grabada. ¿Si hubiera sabido, habría dicho otra cosa? ¿Qué? Olga perdió la oportunidad de acogerse al artículo un millón de la Constitución que da el derecho a cerrar la boca. ¿Y el que ordenó la grabación? La gente que lo conoce opina que es un rufián, y no lo oculta.

Ombudsman social

Asunto: Infonavit y robo de identidad

Recibí una carta del subdirector general de Comunicación del Infonavit, Gustavo Rivera Loret de Mola, que por su extensión no puedo reproducir íntegramente. Básicamente dice esto: “El caso de usurpación de identidad en agravio de Norma Eugenia Mijares, al que se hace referencia, fue atendido en tiempo y forma en cuanto la derechohabiente presentó la denuncia, en la Fiscalía Regional de Jalisco y en el Departamento Jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en la entidad, el 9 de septiembre de este año. Por otra parte, se debe aclarar que la labor que realizó el director general, Carlos Martínez Velázquez, en el periódico Reforma, fue de carácter honorífico, en razón de su experiencia en materia de protección de derechos de consumidor. Respecto de la relación con otros medios, sólo ha participado como experto y articulista invitado”.

Twiteratti

Ante tantas expresiones, no sobra recordar que el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada ley Bonilla es la #SCJN. Determinación que se tomará en su momento, con total independencia y libertad de cada uno de sus integrantes.

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