Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya se allanó (aceptó) a su extradición a México, por lo que enfrentará el proceso penal que tiene abierto en territorio nacional por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y podría ser entregada en breve a la justicia mexicana.

El abogado Javier Coello Trejo confirmó a La Jornada que Austin y Solís, quien fue detenida en Alemania en julio pasado, aceptó voluntariamente ser entregada a la justicia mexicana desde hace 10 días, luego de casi tres meses de permanecer detenida en un domicilio y sin que se iniciara su juicio de extradición a solicitud del gobierno mexicano. Sin embargo, en días pasados, el Ministerio Público Federal señaló que la imputada permanecerá en prisión preventiva porque se evadió de la justicia nacional, aunque la defensa de Gilda Solís ha señalado que estaba de vacaciones cuando fue aprehendida por policías alemanes.

Sin notificación

Coello Trejo precisó que no le ­había sido notificado el traslado de su clienta a territorio nacional, aunque versiones periodísticas señalan que la madre de Emilio Lozoya podría llegar la madrugada de este sábado en un vuelo procedente de Alemania.

Fuentes de la Fiscalía General de la República consultadas refirieron que no les ha sido notificado el traslado de Gilda Margarita Austin y Solís, quien enfrenta una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente relacionados con la compra-venta en la que participó su hijo cuando era director de Pemex, de la empresa Agro Nitrogenados, y que se concretó en 2015 con un sobre precio que habría beneficiado al empresario Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México.

Gilda Margarita Austin cuenta con un amparo federal contra su orden de captura, ya que el delito de operaciones con recursos de procedencia licita no está tipificado como grave, la inculpada buscará que pueda enfrentar su juicio en libertad bajo fianza.

La mujer, de 71 años de edad, también buscará ser beneficiaria de la legislación que establece que por tener más de 70 años y no haber cometido un delito grave (aunque se resolverá su libertad hasta que concluya el proceso), pueda estar en libertad y cumplir su condena con una medida cautelar que podría incluir la prisión domiciliaria.