Después de que Jaime Bonilla rindió protesta como gobernador de Baja California por cinco años, el PAN confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará valer el estado de derecho y declarará inconstitucional la reforma que amplia el mandato.

Por su lado, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Pamela San Martín lamentó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya evitado aclarar –en una acción declarativa– que la gubernatura será de dos años, pues con ello perdió la oportunidad de dar certeza a los ciudadanos.

San Martín destacó que las autoridades, en particular las jurisdiccionales, están obligadas a dar certeza en los derechos que tienen los ciudadanos. También expuso que Bonilla tomó posesión por un periodo de cinco años, pero eso no es definitivo. Falta el pronunciamiento de la Corte al respecto, subrayó.

Por lo demás, resaltó que la reforma –también conocida como ley Bonilla– que amplía el periodo de gobierno de dos a cinco años trasgrede de manera clara lo que establece la Constitución.

El consejero Benito Nacif por su lado, comentó que el tribunal debe ser garantía de los derechos políticos, pero cuando toman ese tipo de decisiones renuncia serlo, y deja el asunto en manos de alguien más. El consejero confió, sin embargo, en que la Corte hará prevalecer la Constitución.

El miércoles, la sala superior del TEPJF desechó la acción declarativa solicitada por el INE, por considerar que carece de legitimación para acudir en representación de los ciudadanos y partidos políticos que se consideren afectados.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, manifestó a su vez, confianza en que los ministros de la Corte actuarán con autonomía e independencia, y harán valer la ley, sin someterse al interés de Jaime Bonilla, quien por todos los medios ha insistido en ampliar su gestión.

La resolución de la Suprema Corte será fundamental para evitar que el laboratorio que se pretende establecer en Baja California se pudiera aplicar a nivel federal.

Reiteró que los bajacalifornianos acudieron a las urnas para elegir a un gobernador para dos años, como lo mandata la Constitución del estado, de tal forma que ampliar el periodo sería una burla para los ciudadanos y las instituciones electorales. Cortés Mendoza añadió que la acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN el pasado 18 de octubre busca detener un hecho sumamente delicado para México, con el que pretende vulnerar el orden constitucional y democrático que tanto ha costado construir.