La promesa de Andrés Manuel López Obrador de hacer todo lo que humanamente sea posible para encontrar a los desaparecidos por motivos políticos en décadas pasadas dividió opiniones entre colectivos de víctimas, pues mientras algunos activistas aseguraron confiar en que el Presidente cumpla su palabra, otros señalaron que hasta el momento no ha dado muestras de tener un compromiso real en ese tema.

Priscila Chávez, integrante del Comité Eureka, dio un voto de confianza al titular del Poder Ejecutivo, a quien le recordó que está en sus manos garantizar el derecho a la verdad y la justicia para decenas de familias, cuyos seres queridos permanecen desaparecidos desde hace más de 40 años. Quisiera creer en la buena voluntad de este gobierno. Esperemos que cumpla y confío en que lo haga, porque ya son muchos años de búsqueda y de angustia. Ojalá que López Obrador sí tenga la voluntad de cumplirnos, nos dé una audiencia para ir a platicar con él y nos diga dónde pueden estar nuestros familiares, señaló la hermana de Juan Chávez, desaparecido en septiembre de 1978.

La activista señaló que se tendrá que ventilar la participación del Ejército en la política de desapariciones de décadas pasadas, y advirtió que si López Obrador no cumple su promesa, quedaríamos nuevamente como un pueblo engañado y decepcionado, igual que con los gobiernos anteriores.

En contraposición, Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, consideró que el gobierno actual no ha dado muestras reales de estar comprometido a resolver las desapariciones.

Una muestra de ello, lamentó, es que a inicios de este año la administración de López Obrador recortó el presupuesto para las excavaciones en Atoyac de Álvarez, Guerrero, para buscar los restos del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en agosto de 1974 por el Ejército. En el caso de Radilla se van a cumplir 10 años de la sentencia (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) sobre el caso y hasta el momento no ha sido juzgado ningún funcionario. Si López Obrador no cumple, pasaría a ser cómplice y encubridor de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército, como los mandatarios que lo han antecedido.