El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso jurídico para que señale con claridad que la próxima gubernatura de Baja California tendrá una duración de dos años, como lo establecio la convocatoria original a las elecciones de junio pasado y las propias sentencias del órgano jurisdiccional.

Se trata de una acción declarativa que se integró en un expediente de juicio electoral, explicó el INE, al considerar procedente el uso de esa herramienta ya que se ha generado una situación de incertidumbre y existe la posibilidad de que se afecte el derecho. Ello, por la aprobación de la ley Bonilla que amplía de dos a cinco años el mandato gubernamental. De manera adicional a este primer mecanismo con el que, indicó, se inicia la batalla legal para salvaguardar la democracia en Baja California, el presidente consejero del instituto, Lorenzo Córdova, insistió en que se interpondrán otros ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que van más allá de un escrito de amicus curiae (amigo de la Corte).

Aunque el INE no tiene atribuciones para presentar una controversia o acción de inconstitucionalidad, Córdova subrayó que exploran la forma de hacerlo.

Confió en que la Corte, como garante del sistema constitucional, no va a anteponer cuestiones formales o procedimentales, que además van a ser rebatidas y remontadas jurídicamente por el órgano electoral, en el análisis de sus quejas.

En un comunicado, el INE explicó que la acción declarativa fue presentada por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, y el fin es que se disipe la incertidumbre jurídica derivada de la reforma a la Constitución del Baja California, ya citada. Insistió en que esa modificación fue posterior a las elecciones del 2 de junio y publicada tras la declaración de validez de los comicios y la entrega de la constancia de mayoría, en la que se señala un mandato por dos años. En su recurso, el INE estimó que es necesaria la intervención del TEPJF en el tema porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía y se ha producido un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente.

La emisión de una declaración de certeza clarificará los términos y alcances en los cuales se produjo el llamado a las urnas y dará a la ciudadanía y a las autoridades electorales la seguridad respecto al lapso que deberá permanecer en el cargo el próximo gobernador, explicó.

La contrarreforma fraguada en Baja California puede producir un daño al electorado en su conjunto, al sistema democrático y a la función electoral del INE, advirtió.